Vía libre a la inmobiliaria Macri

La legislatura autorizó a vender terrenos de Catalinas a precio de regalo.

Casi un año después de su presentación por el bloque PRO, ayer la Legislatura porteña aprobó por mayoría el proyecto de ley que le permite al gobierno de Mauricio Macri vender tres valiosos terrenos en Catalinas Norte (en el barrio porteño de Retiro) a un precio tres veces menor que el del mercado. Además, y para concretar definitivamente el negocio inmobiliario, se cambió la zonificación al autorizar la construcción de una megatorre de 130 metros de altura en Córdoba y Alem. Para el diputado de Diálogo por Buenos Aires y principal opositor a la iniciativa del Ejecutivo porteño, Eduardo Epszteyn, “es una clara descapitalización del Estado”.

La historia inmobiliaria del PRO data de noviembre de 2008. En ese momento, el gobierno porteño envió a la Legislatura dos proyectos de ley para definir un más que rentable negocio para la construcción de torres en el centro de la ciudad. El primero desafecta la actual zonificación de tres terrenos en la manzana definida por las tres avenidas mejor valuadas en el barrio porteño de Retiro: Alem, Córdoba y Madero. El cuarto vértice se completa con el hotel Sheraton. El segundo proyecto multiplica las ganancias, porque permite en la parcela más grande realizar una supertorre de 130 metros de altura.

La superficie de la futura venta PRO cuenta con casi 15 mil metros cuadrados. El terreno más grande (de 6 mil metros) corresponde a una estación de servicio que alcanza toda la cuadra de Córdoba entre las avenidas Alem y Madero. Con entrada sobre Madero al 1100, los otros dos son estacionamientos entre las torres de las oficinas Catalinas Norte y tienen una superficie de casi 5 mil y 4 mil metros cuadrados, respectivamente. Hace algunos años, la manzana en disputa fue objeto de un cuidadoso planeamiento urbano y los tres lotes públicos fueron destinados a usos abiertos de baja altura: “La guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como una estación de servicio”, explicó Epszteyn.

Sin embargo, el proyecto de ley 2454 (el primero en ser presentado en la Legislatura) deshizo por completo esta lógica y buscó la venta por subasta pública para que lo recaudado por el gobierno porteño se destinara a la cartera educativa. Es decir, “a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009”. Gracias a una reunión intercomisiones y a los votos de parte de los legisladores de FpV, el macrismo logró el 14 de mayo último aprobar la primera lectura del proyecto.

El 3 de julio iba a realizarse en la Legislatura la segunda audiencia pública, como paso obligado para la venta de los tres terrenos en Catalinas. No obstante, Epszteyn interpuso un recurso de amparo en la Justicia porteña y demoró por un par de meses el tratamiento legislativo. El diputado argumentó (y la Justicia ratificó) que el llamado a audiencia “ocultaba información”, con la que se evitaba en el debate “la real participación de los vecinos”.

De todas maneras, ayer se aprobó por mayoría (PRO y del bloque de FpV) el proyecto de ley 2874 (el segundo), que modifica el Código de Planeamiento citadino y crea un nuevo uso y reglamento para los terrenos. El negocio para el futuro comprador de los lotes es que en el documento PRO se indica que los edificios a construir “tendrán una altura mínima de 73 metros”. La nueva distancia reglamentada obliga entonces a superar la edificación actual, al tiempo que crea una renta extra: para los dos terrenos sobre Madero, el máximo permitido es de 110 y para el de Córdoba, 130. Un total de 41.500, 44.500 y 61.000 metros cuadrados, respectivamente, además de tres subsuelos para estacionamientos y servicios.

También, el proyecto aprobado sostiene que cada edificio puede tener una recova de hasta seis metros de altura que no se contará en el metraje autorizado. Todo podrá obtenerse con una módica suma: mientras el Banco Ciudad los tasó a 70 millones de dólares, según el valor del mercado, una vez construidas las tres torres tendrían un valor de no menos de 500 millones de dólares.

Tras la sesión, Epszteyn argumentó que “esta ley está hecha con un criterio autoritario, porque ofende y niega todas las normas existentes: los lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental establecen controlar la construcción de edificios, desestimar el acceso de vehículos privados al área central y revitalizar la zona sur”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Viernes 16 de octubre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133548-2009-10-16.html

La opinión de los especialistas

Producción: Mariana Seghezzo.

Roxana Perazza *

“Es muy auspicioso”

“Es muy auspicioso que la actual política educativa se centre en la escuela secundaria, porque es el nivel que más problemas tuvo en los últimos años. Según las estadísticas, son muy pocos los jóvenes que ingresan y, después de cinco años, se reciben. Además, es un hecho tanto para los padres, los pibes, los docentes, como para los especialistas, que durante el secundario los chicos aprenden poco y nada. Pero con la Asignación por Hijo y la obligatoriedad de la secundaria se generará una nueva demanda que la escuela deberá absorber y es el Estado el que tiene la obligación de generar las condiciones para que los alumnos ingresen y no deserten. Cuando una escuela funciona bien, los chicos pueden elegir, los profesores enseñan mejor y hay muchos pibes que desean quedarse en las aulas. Por eso, además de ciertas reformas en los tiempos y las tutorías docentes, la nueva reforma del secundario debería incluir en el futuro los intereses de los chicos: si los pibes piensan que la escuela es un punto de partida y no de llegada para sus intereses, es decir, si se sienten que son respetados en el ámbito escolar, el ausentismo dejarían de ser el problema fundamental del sistema educativo. El rol del gobierno nacional es fundamental en esta tarea, ya que debe controlar a la provincias y garantizar la justicia educativa para que cada alumno del país tenga acceso a los nuevos cambios”.

* Pedagoga, ex secretaria de Educación porteña.

Gustavo Oliva *

“Ser artífices del cambio”

“Es muy positivo para la Argentina el reposicionamiento y la jerarquización de la educación en términos generales que se ha logrado en el último tiempo. Primero, con la Ley de Financiamiento y luego al volver a los ciclos bien definidos, dando por tierra con la patética Ley Federal de Educación recetada por los organismos internacionales de crédito. Si a este panorama le sumamos las nuevas tecnologías incorporadas a la escuela, el carácter obligatorio del secundario, el crecimiento del 400 por ciento al presupuesto universitario y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la sociedad del conocimiento en nuestro país es una meta alcanzable. Aunque falten algunas modificaciones, los indicadores, la dirección y el ritmo son los correctos. Como los cambios a nivel educativo son a largo plazo, hay dos cuestiones para que las medidas se concreten en el menor tiempo posible: la decisión del Estado y el protagonismo de cada actor social involucrado. La cuestión macro ya se está resolviendo, ahora falta que las reglas de cada institución se reformulen desde un lugar más micro, desde dentro, con el aporte de cada sector. Las pequeñas cosas; por ejemplo, que cada escuela respete las horas de tutoría establecidas dependerá de la buena voluntad de cada directivo. Sólo restan cuestiones puntuales y un cambio de actitud para creernos que podemos ser artífices del cambio.”

* Rector del Colegio Nacional de La Plata.

Pablo Imen *

“Puede reforzar la brecha”

“Hay que destacar primero un dato cualitativo de lo que significa la obligatoriedad de la escuela secundaria. Según el censo de 2001, existen más de 14 millones de personas con 15 años que nunca estuvieron incluidas en el sistema educativo medio. Además, en términos educativos aún subsisten dos herencias del neoliberalismo. La primera es la distribución desigual en la carga y el esfuerzo entre las provincias que aportan el 70 por ciento del presupuesto y la Nación, que sólo da un 30. Y la segunda es la descentralización educativa, producto de la coexistencia de 24 sistemas educativos. Un verdadero quilombo, que las nuevas reformas están intentando modificar. También, la flexibilidad de la currícula y que se contemplen algunas curiosidades de los pibes hacen que la reforma sea por lo menos interesante. Sin embargo, el riesgo principal que se plantea es que la flexibilidad termine administrando la pobreza pedagógica y que los chicos terminen aprobando sin conocer. Como riesgo, puede reforzar la brecha educativa que es lo que en un principio se intenta superar. Por eso, y como un nuevo paso, tenemos que elaborar un diagnóstico y rediscutir el sentido de la educación y que se haga como práctica política, porque la calidad educativa no es la medición de conocimiento en un examen estandarizado, sino la formación de hombres y mujeres libres capaces de construir un proyecto colectivo.”

* Secretario de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Flavia Terigi *

“Era algo pendiente”

“Hay que reconocer el esfuerzo del Ministerio de Educación y de los ministerios provinciales por abordar y tener en cuenta a un nivel (el secundario) que durante mucho tiempo fue desarticulado. La unificación del título secundario a nivel nacional era algo pendiente y es una respuesta evidente a la diversificación curricular, que no sólo se reduce a la época del ’90. Pero hay que ir más allá. Estas medidas son sólo el primer punto de un plan mayor que asuma los problemas estructurales de la escuela secundaria. Por ejemplo, el puesto de trabajo docente, la propuesta formativa, el régimen académico, la simultaneidad de muchas materias, la falta de electividad de los alumnos y el hecho de que repitan todo el año por no aprobar tres materias son aspectos de la escuela que deben ser modificados. La obligatoriedad del secundario nos posiciona como país frente a una oportunidad única y sería un error crear esas condiciones bajo un modelo de enseñanza antiguo y no superador. Necesitamos discutir la formación para el trabajo, que no es el perfil propio del bachillerato, pero además el ingreso a la escuela secundaria de grupos sociales que históricamente fueron relegados requerirá el esfuerzo de los alumnos, los padres y las instituciones educativas, también de las áreas de salud, defensorías y organismos legales. Si no, sería pedirle al sector educativo cosas que por sí solo no puede hacer.”

* Profesora de la UBA y la UNGS.

Informe: Mariana Seghezzo.

Jueves 18 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-140558-2010-02-18.html

Los chicos a los que llaman “menores”

Durante quince días, la Comisión Provincial por la Memoria organizó un encuentro en el que participaron chicos de toda la provincia. Ellos mismos presentaron producciones fílmicas y obras de teatro. Los temas fueron la dictadura, la xenofobia y la contaminación.

Desde Chapadmalal

El aroma a sopa de verduras inundó durante días las instalaciones del hotel 7 del complejo Chapadmalal. Fueron dos semanas corridas de turismo social y debate adolescente sobre democracia y autoritarismo: baja de la edad de imputabilidad penal, conflictos y protestas sociales, los medios de comunicación y la construcción de información, género y violencia y los crímenes de lesa humanidad. Del 2 al 16 de noviembre, más de 4500 estudiantes de escuelas secundarias bonaerenses junto con sus docentes y voluntarios de la Universidad Nacional de La Plata participaron del octavo encuentro del programa educativo “Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro” organizado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. “Desde principio de año los chicos vienen investigando, haciendo entrevistas, demarcando hipótesis a partir de la idea de la memoria y nos congregamos en el complejo para que pudieran intercambiar las distintas producciones (documentales, programas de radio, murales, diarios digitales, obras de teatro) y realizar talleres para debatir las distintas problemáticas que los inquietan”, dijo a Página/12 Sandra Raggio, coordinadora del Area de Investigación y Enseñanza de la Comisión por la Memoria.

El gato con botas sucias

Luis y Gino tienen 16 años, nunca antes habían vacacionado y mucho menos visto el mar. Pasado el mediodía, cuando la decena de alumnos del ESB 43 de La Plata llegó a Chapadmalal, los dos adolescentes primero eligieron sus camas (las cuchetas de arriba) de la habitación 7147 pasillo sur y luego sin más mediación se calzaron la malla y las ojotas. Pero el Taller de Bienvenida del encuentro fue primero y, por algunas horas, se retrasó el esperado chapuzón. Los dos estudiantes compartieron grupo y mientras superponían lanas de color azul marino con la intención (según lo que señaló uno de los coordinadores universitarios) de “formar una red con las distintas experiencias de los trabajos realizados durante el año”, los muchachitos del sur del conurbano contaron su historia.

Viven en el barrio platense Ringuelet, en casillas de madera apostadas sobre el margen derecho del arroyo bonaerense El Gato y conviven cotidianamente con mercurio, plomo, ratas y parásitos provenientes de la basura vecinal y los desechos químicos empresariales. Con una única filmadora y un micrófono (“prestados por la Comisión”) y dos cámaras de fotos digitales “de los profes”, reconstruyeron el padecimiento de habitantes de las proximidades del afluente más importante del Río de la Plata y lo presentaron en el encuentro “Jóvenes y Memoria” en formato documental. “Mi mamá se enfermó de cáncer y, hace un par de meses, el médico me dijo que tengo principio de asma por los olores del arroyo”, dijo Luis. Después, su profesora de Construcción de la Ciudadanía, Mariana Coloma, agregó otro dato de la catástrofe medioambiental que afecta la zona: “El año pasado una nena de la primaria se murió de parasitosis”.

El gato con botas sucias es un relato audiovisual que denuncia la falta de saneamiento del arroyo, pero también la pobreza estructural que afecta a los pibes del ESB 43. Las viviendas del asentamiento “no tienen agua potable, luz eléctrica o sistema cloacal”, dijo la profesora Coloma. Una única manguera toma agua de una canilla pública, recorre de punta a punta El Gato y luego los vecinos recogen con baldes lo que necesitan para cocinar, beber o higienizarse. Pese a que la secundaria de Ringuelet cuenta con un comedor para los pibes del barrio, “los chicos faltan mucho a la escuela, así que fue difícil poder hacer el video. Se nos complicó recortar el tema porque cada vez que construíamos una hipótesis y dividíamos las entrevistas que teníamos que hacer, muchos compañeros no podían ir por problemas en la casa o porque tenían que trabajar”, admitió con aires de cientista social Gino. Poco antes de terminar el Taller de Bienvenida, Luis dijo en un tono casi inaudible, como un secreto: “Ya pensamos el tema para el encuentro que viene, va a ser ‘muerte en las cárceles’”.

Perdona Nuestros Pecados

Durante su estadía en Chapadmalal, Aixa, Javier y Adela compartieron la habitación 7121 pasillo norte. También realizaron juntos el taller temático “El pasado en el banquillo. Los caminos de la justicia por los crímenes de lesa humanidad”. Las charlas con mate y bizcochos bajo la fresca galería o las corridas para apiñarse en el comedor con otros 800 chicos por un plato de pastel de papas, fueron un destello de libertad después de tanto “no te metás, es algo que ya pasó”. El relato de Adela parece una burla anacrónica, sin embargo, “el colegio y la comunidad (literalmente) nos sacaron cualquier tipo de apoyo por tratar de contar la verdad sobre un cura que participó en la (última) dictadura”.

El hombre se llamaba Carmelo Gentile Guadagnoli. Fue capellán de la policía santafesina y la denuncia de Patricia Isasa (una sobreviviente de los campos de exterminio argentinos) lo menciona como uno de los asistentes activos de las sesiones de interrogatorio a detenidos-desaparecidos. Un par de años después, “como castigo, lo mandan a nuestro pueblo: Mones Cazón”, contó Aixa a Página/12.

Comunidad del sur bonaerense, de casi 2000 habitantes: la mayoría de clase media rural y conservadora. Con un único colegio polimodal público: la Escuela Media 2, Manuel Belgrano. “Desde la versión 2008 del encuentro ‘Jóvenes y Memoria’ que queríamos documentar la historia del cura, pero en Mones Cazón parece que el maestro, el policía y el párroco son figuras intocables”, dijo Javier. Aunque los directivos del Belgrano se negaron a participar del proyecto y, también, el resto de los 21 alumnos de 5º 3ª, los tres estudiantes lograron solos llevar a Chapa ’09 su investigación.

Con banda sonora litúrgica y a partir de entrevistas grabadas con una cámara de fotos digital, Perdona Nuestros Pecados deconstruye la visión que los pobladores de Mones Cazón tienen sobre los hechos de la dictadura 76-83 y sobre la presencia en democracia de Guadagnoli en la parroquia local San José.

Nosotros, los excluidos

Roberto y Jésica llegaron en un micro repleto de chicos provenientes de la Escuela Secundaria 2 de la localidad bonaerense de Tolosa. Son novios, pero se hospedaron en habitaciones diferentes: la 7132 para ella y la 7135 para él. Ambas ubicadas en el pasillo norte del hotel 7. Antes de la fiesta de despedida organizada por los integrantes de la Comisión por la Memoria, fue presentada la obra de teatro Nosotros, los excluidos, donde la parejita representa una situación semejante a la vivida por ellos en la cotidianidad de su barrio: la represión policial hacia los chicos pobres y la violencia doméstica sobre las mujeres.

Con una tela blanca como mediadora entre lo público y lo privado, los personajes de Jésica y Roberto son golpeados, amenazados y perseguidos de un lado, por sus parejas y, del otro, por enchalecados “policías”.

Antes de que los contingentes partieran de Chapadmalal y a modo de cierre del Encuentro, Raggio reflexionó sobre la potencialidad de la memoria: “Pensando el pasado y el presente nos vamos de acá con un mejor futuro”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Lunes 16 de noviembre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135359-2009-11-16.html

Una condena a la muerte

El ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el rabino Daniel Goldman analizaron la ofensiva mediática en pos de la pena de muerte, desde el punto de vista del derecho y la teología.

Por Mariana Seghezzo

“La pena de muerte no es eficiente como forma preventiva del delito”, sentenció el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Fue uno de los argumentos que se expusieron en la mesa “Reflexiones entre el derecho y la teología”, que compartió con el rabino Daniel Goldman, como respuesta a la ofensiva mediática en favor de la reimplantación de la pena capital como solución a los denominados “problemas de inseguridad”. El martes, ante un auditorio repleto, en el hall central del edificio de la Comunidad Bet El, los disertantes expusieron sus argumentos legales, jurídicos y teológicos contrarios a cualquier tipo de condena que haga foco en la “muerte del reo”. La discusión se basó en un interrogante central que recorrió cada una de las explicaciones de los expositores: “¿Por qué, como una trágica sombra, la pena de muerte acompañó a la historia?”, fue la pregunta formulada por el abogado y moderador, Martín Magram, para dar inicio al debate. La “sensación de inseguridad” de un grupo de vecinas del barrio de Belgrano presentes en el encuentro funcionó como cierre y excusa para una próxima discusión.

Sentados en una pequeña mesa frente al auditorio, Zaffaroni y Goldman vistieron informales: camisa, jeans y zapatillas deportivas. El moderador inició el encuentro con una introducción. “En Argentina se condenó a muerte en tres ocasiones. La última vez fue en 1915. Sin embargo, siendo la pena de muerte un recurso tan horrible y aberrante, sigue estando vigente en muchas discusiones”, dijo Magram y continuó argumentando a partir de un dato fáctico: “La metáfora ‘ojo por ojo, diente por diente’ está tan arraigada socialmente que, en nuestro país, recién el año pasado se abolió definitivamente la pena capital con la derogación del Código de Justicia Militar”. Después de la breve presentación del tema, el moderador dio paso a los disertantes para que explicaran el porqué de la constante recurrencia “a dar muerte” como parte de algunas de las políticas modernas contra la “inseguridad”.

Goldman abrió el diálogo. Pese a que en su exposición el rabino recuperó la argumentación teórica del filósofo alemán Zigmunt Bauman, la explicación sobre la actualidad del debate de la pena de muerte fue clarísima: “Condenar a un preso a la muerte es popular. Por eso, la mayoría de los candidatos a presidente en el mundo no se oponen a la pena de muerte”. Según Goldman, incluso en la Biblia se sostiene que “aquel que mate tiene que morir”, pero es sólo “un deseo primero ante el sufrimiento por la muerte de un ser querido. Después, con la reflexión teológica se lleva ese sentimiento al absurdo”, explicó el rabino.

El religioso pensó por unos segundos y continuó su explicación con “un ejemplo revelador”: “Cuando Caín mató a Abel, Dios no aplicó la venganza de la muerte”. Además, para Goldman, en la sociedad actual “muchos discursos se movilizan a partir de intereses económicos muy fuertes que prefieren la sofisticación y espectacularidad de la muerte ante la simpleza de la vida”, concluyó el rabino.

Con el auditorio en completo silencio, Zaffaroni comenzó a disertar. “El sistema penal punitivo ha matado más gente que una guerra y no hay crueldad que no haya cometido. El nazismo fue el ejemplo más nefasto”, dijo el ministro de la Corte. Para Zaffaroni, es un problema netamente político y económico: “La pena capital se reduce sólo a los Estados Unidos, donde los fiscales, como son elegidos por el pueblo, apelan a la identificación con las víctimas. Luego, ese modelo de venganza se expande por las imágenes de los medios de comunicación y la publicidad al resto del mundo y se cree como real”, aseguró el magistrado. Modelo punitivo, según Zaffaroni, “económicamente fructífero para el rating: cada tres minutos uno ve series sobre asesinos y violentos. Esto da plata y, como consecuencia, se reproduce en los noticieros haciendo del delito una banalidad: muere Alfonsín, hay epidemia de dengue o vuelve el conflicto con el campo y la inseguridad desaparece”.

Como cierre de la disertación, Zaffaroni concluyó con un diagnóstico un tanto desolador: “Estoy seguro de que no se va a reimplantar la pena de muerte en Argentina, pero si no cambia el sistema van a morir muchas personas en seudoenfrentamientos con la policía”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Zaffaroni extremó la argumentación en favor del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil: “Toda ideología tutelar es autoritaria, ya que impone penas sin las garantías que da el derecho penal”. Según el magistrado, “un pibe de 14 años es tan ciudadano como nosotros y, por eso, tiene los mismos derechos y garantías”. También y como parte de su explicación, Zaffaroni recuperó de la memoria una experiencia dictatorial: “Aplicar la misma pena a los adultos y a los adolescentes ya se hizo durante la última dictadura y ella misma fue la que debió retroceder con la normativa debido a las atrocidades que se cometían”.

Por último, una mujer preguntó a quién le corresponde dar “pelea por los derechos de los pibes”. “A todos nosotros juntos”, respondió Zaffaroni.

Lunes 21 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122916.html

La imputabilidad en debate

La Comisión de Derechos Humanos de Carta Abierta organizó como primera actividad un panel sobre el proyecto de un nuevo marco jurídico para los jóvenes en conflicto con la ley. Hubo críticas y apoyos a la iniciativa. Cerró el juez Zaffaroni.

La primera actividad pública de la Comisión de Derechos Humanos de Carta Abierta comenzó con una mesa debate sobre Infancia y Adolescencia. No hubo una linealidad argumentativa común, pero sí un tema que convocó la discusión: el problema que sufren los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. A favor o en contra, el nuevo proyecto de ley penal juvenil funcionó como excusa para el encuentro. Los conceptos de imputabilidad, punibilidad, pena, infracción, castigo, responsabilidad y, sobre todo, judicialización sobrevolaron la atmósfera de la sala Augusto R. Cortazar de la Biblioteca Nacional. La apertura correspondió al psicólogo Guillermo Greco, único disertante del colectivo epistolar. Después se sucedieron Tomás Ojeda Quintana (abogado penalista e integrante de la Red por los Derechos de los Jóvenes), Gabriel Lerner (subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social nacional) y Diana Conti (diputada nacional por el bloque FpV). El cierre del encuentro estuvo a cargo del juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni.

Mediación. “En momentos de obligación de diálogo damos comienzo a este debate.” Con irónica referencia a la actual discusión sobre la ley de medios audiovisuales, la moderadora Mariana Aballay (miembro de Carta Abierta y de Abogados por la Justicia Social) dio el puntapié inicial de la discusión. Primero tiró el título: “Derechos de niños, niñas y adolescentes: ¿qué aporta el proyecto de responsabilidad penal juvenil?”. Luego, dijo: “Es un tema al que se llegó por la supresión de los derechos de los niños y por la falta de políticas públicas enfocadas en la infancia. Tiene muchas posiciones rígidas, esperemos que haya algún encuentro entre nosotros”. Después, el micrófono pasó de mano cinco veces en total.

Convención. La estrategia argumentativa del primer orador estuvo centrada en la búsqueda de incoherencias en la supuesta racionalidad del derecho penal. “Dado el tipo de panel en el que me encuentro, no voy a abordar el problema desde el psicoanálisis y lo haré desde algunas concepciones de la Convención por los Derechos del Niño y el Adolescente”, explicó Greco. La declaración internacional, según el psicoanalista, “entiende por niño a toda persona menor de 18 años y caracteriza a la infancia desde la falta: de madurez física y mental”. Al igual que en el proyecto de ley penal juvenil, “el problema está mal planteado porque se centra en la relación entre edad y madurez cuando es algo totalmente arbitrario –dijo Greco y se preguntó–, ¿por qué siempre las edades en discusión en la baja de imputabilidad de los menores son todos números pares y no impares? ¿Por qué no basarse en el bienestar incumplido de los niños y no en su posible peligrosidad?”.

Organización. Cuando el micrófono alcanzó su mano izquierda, el abogado Ojeda Quintana continuó el planteo comenzado por el psicoanalista: “Y, ¿por qué si la mayoría de edad antes estaba marcada por los 21 años, después pasó la ciudadanía a los 18 y ahora estamos discutiendo si los 16 o los 14 y no los 15 son edades factibles para que un adolescente pueda ser punible?”. “Aunque soy consciente de que el proyecto de ley tiene muchos avances respecto del sistema tutelar e, incluso, del régimen penal de adultos, estos chicos ya están sancionados socialmente: sufren de discriminación, de falta de educación y de trabajo, de estigamatización social todos los días.” Para Ojeda Quintana, entonces, de sancionarse la ley “estos pibes estarían doblemente penados”. El letrado dijo representar la voz de los chicos de las distintas organizaciones de base que integran la Red por los Derechos de los Jóvenes y, como argumentación contraria al proyecto de responsabilidad penal juvenil, sostuvo su consigna: “No somos peligrosos, estamos en peligro”.

Poder Ejecutivo. De la mano del abogado Gabriel Lerner comenzó la defensa del proyecto que aún se debate en el Congreso. “Actualmente, haya o no delito, queda en la discrecionalidad del juez ordenar acciones tutelares para los menores”, admitió Lerner. El tema de la imposición de castigos fue central en la argumentación del representante del Ministerio de Desarrollo Social. Porque “la vieja normativa no establece explícitamente la diferencia entre las penas de adultos y la de los niños –dijo el abogado y pidió referencias en el auditorio–. Hay todavía doce chicos de veintipico de años que fueron sentenciados a los 17 años a cadena perpetua, no?”. Inmediatamente, varios presentes confirmaron el dato.

Poder Legislativo. Diana Conti, diputada e impulsora del proyecto de responsabilidad penal juvenil, habló primero sobre la selectividad con la que juzga el sistema penal. “Tenemos que tener cuidado y no generar falsas expectativas: con esta ley no se termina el problema de la inseguridad, porque por ejemplo los delitos de corrupción o ambientales no son cometidos por adolescentes”, admitió la diputada del Frente para la Victoria. Como si expusiera una lección en una clase de derecho penal para legos, Conti explicó la diferencia conceptual entre imputabilidad y punibilidad y después dijo que “para garantizar el proceso no es necesario bajar la edad de imputabilidad, porque no se debe criminalizar para que el joven goce de garantías”.

Poder Judicial. Zaffaroni extremó la argumentación en favor del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil: “Toda ideología tutelar es autoritaria, ya que impone penas sin las garantías que da el derecho penal”. Según el magistrado, “un pibe de 14 años es tan ciudadano como nosotros y, por eso, tiene los mismos derechos y garantías”. También y como parte de su explicación, Zaffaroni recuperó de la memoria una experiencia dictatorial: “Aplicar la misma pena a los adultos y a los adolescentes ya se hizo durante la última dictadura y ella misma fue la que debió retroceder con la normativa debido a las atrocidades que se cometían”.

Por último, una mujer preguntó a quién le corresponde dar “pelea por los derechos de los pibes”. “A todos nosotros juntos”, respondió Zaffaroni.

Informe: Mariana Seghezzo.

Viernes 9 de octubre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133182-2009-10-09.html

El debate que viene castrado

El gobernador Celso Jaque convocó a una comisión de expertos para estudiar la posibilidad de implementar la castración farmacológica de violadores reincidentes. Algunos especialistas expresaron sus críticas al proyecto.

El gobernador de Mendoza, Celso Jaque, admitió ayer que analiza la posibilidad de aplicar en la provincia una solución penal farmacológica para los violadores reincidentes. Como ocurre en Alemania, Dinamarca, Polonia y en los estados norteamericanos de Texas, California y Montana, el gobernador mendocino convocó a un “comité de expertos” (científicos y abogados) para que analice la posible implementación de la castración química en violadores reincidentes. Después del polémico anuncio, algunos especialistas expresaron sus críticas al proyecto.

“En primer lugar, estamos partiendo de un diagnóstico equivocado: históricamente, el discurso justificador era que las violaciones se producían por impulsos irrefrenables y viles, como si el victimario estuviera descontrolado. Cuando entendemos que no es una cuestión física, de erección, sino de abuso de poder, la resolución social de esa problemática nunca puede ser química”, afirmó Marcela Rodríguez, abogada feminista y directora del grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). La legisladora explicó además que “en términos de derechos humanos, es una pena contraria a nuestro Código Penal y a los pactos internacionales”.

Con un origen que se remonta a las campos de concentración nazi, la castración química es un método que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona. El objetivo judicial: mezclar dos fármacos para inhibir el deseo sexual en convictos que hayan recuperado su libertad. Ayer, en una conferencia de prensa, el gobernador Jaque explicó que evalúa implementar la medida porque, según estadísticas provinciales, en Mendoza “una persona cada tres días” es víctima de violación y los atacantes, en su mayoría reincidentes, son calificados como “enfermos graves” por los especialistas.

En diálogo con Página/12, la abogada Zulita Fellini –ex jueza y actual titular de la materia Delitos contra la Integridad Sexual del posgrado de Derecho Penal de la UBA– también sostuvo que en algunos casos el abusador es un enfermo. “Aunque mi posición es que en determinadas situaciones los violadores deben ser curados y los delitos de abuso deben estar fuera del Código Penal y legislados de otra manera, la castración química es una intromisión demasiado severa en el cuerpo” de la persona. Además, según la jurista, la disminución farmacológica del deseo sexual “es una forma de pena y como jueza no me hubiese aventurado a aplicar un castigo semejante”. La negativa de Fellini es primero humanitaria (“soy partidaria en cualquier tipo de delitos de usar penas menos gravosas, menos extremas”, pero también legal. Porque, “el Código Penal es de carácter federal y las provincias no pueden aplicar medidas antojadizas: ni pena de muerte ni castración química”, admitió Fellini.

Para Rodríguez, “no existen estudios serios en Argentina que determinen si el violador sufre una patología o si debe ser sujeto de derecho”. Sin embargo, “lo que es seguro es que si partimos de una premisa equivocada, la solución nunca va a ser adecuada –afirmó Rodríguez–. La violación o el abuso son formas en su máxima expresión de la violencia de género”. Es decir, son manifestaciones del abuso de poder “que si se suprime la erección se pueden realizar con cualquier otro medio”, explicó Rodríguez.

Después de que el gobernador anunciara la polémica medida, el ministro de Salud mendocino, Sergio Saracco, remarcó que “se deberá hacer un diagnóstico de la situación ya que no todos los abusadores poseen el trastorno psicológico que lleva generalmente a cometer una violación”. De todas maneras y sin esperar la evaluación del “comité de expertos”, los funcionarios están trabajando en el futuro tratamiento para los condenados por abuso: “Al igual de como se realiza en otros países, comienza una vez que el delincuente cumplió la condena y se hace en forma periódica, con la obligación de concurrir a un centro hospitalario cercano a su domicilio”, explicó Saracco.

El producto químico, que “puede suministrarse a través de comprimidos diarios o bien de manera inyectable en forma periódica”, se aplicará de manera voluntaria u obligatoria, según el ministro de Salud. En este último caso, “sería necesaria una orden judicial o una ley que respalde su aplicación de manera compulsiva, a fin de evitar o disminuir la reincidencia en este tipo de hechos”.

Para Rodríguez, “básicamente la castración química es contraria a los derechos humanos resaltados por los pactos internacionales a los que adherimos en nuestra Constitución”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Jueves 8 de octubre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133124-2009-10-08.html

Del acto nazi a la comisaría

Ocurrió el domingo pasado en un club de la localidad de San Martín. Iban a conmemorar un natalicio del Führer, convocados por una organización racista de España. Fueron detenidos en aplicación de la ley que reprime la discriminación.

Tres docenas de skinheads fueron detenidos el último domingo, minutos antes de que dieran inicio a un festival en conmemoración por el 120º aniversario del nacimiento de Adolf Hitler. Los 36 “cabezas rapadas” neonazis habían sido convocados por la organización internacional racista Blood and Honour (Sangre y Honor) a través de una página web española. Producto de una investigación iniciada hace varios meses por la Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias (UICD) de la Policía Federal, “se pudo dar con el lugar del recital y enmarcar las detenciones dentro del delito de violación de la ley 23.592, que penaliza los actos discriminatorios”, confirmó a Página/12 el comisario Carlos Sucatti, responsable del operativo policial efectuado en el Club Central Argentino de la localidad bonaerense de San Martín.

“El procedimiento es un importante logro en la lucha para erradicar esta nefasta ideología. Pero también se hace esencial que ante hechos similares reaccione toda la sociedad argentina y no solamente la comunida judía”, reconoció Aldo Donzis, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El operativo policial, en realidad, se inició en diciembre de 2008 a raíz de una presentación judicial que interpuso la DAIA para que “se actuara sobre los pasos y las acciones de estos grupos de skinheads”, relató Donzis. Porque, según el titular de la entidad judía, los “neonazis” argentinos tienen una estrecha relación con grupos racistas “de otros lugares del mundo, sobre todo de países como Chile y Brasil, pero también europeos”.

A las 19 del domingo, la UICD allanó el local del Club Central Argentino. En uno de los salones de la entidad deportiva de la localidad de San Martín estaba todo dispuesto para que tocaran dos bandas neonazis (“Arrevato 88” –el nombre remite por su doble numeración a las letras “HH” del saludo nazi “Heil Hitler”– y “Varvarian”) para conmemorar el nacimiento del principal responsable del Holocausto. El público presente era extremadamente reducido: sólo 36 skinheads estaban presentes. Número coincidente con las detenciones policiales.

“Había propaganda nazi por todo el lugar –relató el comisario Sucatti–. Banderas con la cruz esvástica, material fílmico y música grabada con alto contenido discriminatorio y antisemita. También secuestramos armas blancas, gases irritantes y varias manoplas con las que agreden a homosexuales y personas de otras nacionalidades.” “A los responsables del club, el juez federal sólo les tomó declaración como testigos. Porque la pobre gente, aunque estaba presente en el lugar, desconocía por completo la naturaleza del acto”, aseguró a este medio Sucatti.

Las detenciones del domingo estuvieron íntimamente relacionadas con un hecho ocurrido el 21 de diciembre pasado. En ese momento, la policía detuvo a 25 personas que participaban de un homenaje al capitán del acorazado “Graf Spee”, enterrado en el Cementerio Alemán del barrio porteño de Chacarita. También en aquella “conmemoración” los skinheads se manifestaron con banderas y saludos “claramente racistas. En ambos hechos, la mayoría de los detenidos fueron las mismas personas, confirmó el uniformado. De hecho, el operativo del domingo fue producto de una investigación de la UICD iniciada con el allanamiento en el cementerio.

En los dos actos, los skinheads fueron liberados porque el delito de discriminación es excarcelable. Sin embargo, la semana pasada empezaron los preparativos judiciales para elevar a juicio oral y público la causa por la conmemoración del capitán del “Graf Spee”: “El nuevo acto de discriminación del domingo pasado servirá como agravante. Por lo tanto, los skinheads se están exponiendo a que los condenen a un máximo de tres años de prisión”, aseveró el comisario.

También ayer, la DAIA denunció que fue profanado con inscripciones nazis el cementerio judío de Liniers. “Se inscribe en un mismo patrón ideológico, aunque aún desconocemos si los responsables tienen vinculación con los skinheads detenidos el domingo”, concluyó el uniformado.

Informe: Mariana Seghezzo.

Jueves 23 de abril de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123763-2009-04-23.html