Multisectorial por un plan democrático de seguridad

El Acuerdo para la Seguridad Democrática fue presentado ayer en el Congreso con la presencia de numerosos dirigentes de diversas vertientes. El documento propone evitar el “facilismo represivo” y advierte que el discurso de la mano dura sólo genera más inseguridad.

El discurso de la mano dura en materia de seguridad quedó en minoría. También, las respuestas autoritarias frente al delito. Ayer al mediodía, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), respaldado por un amplio e inédito abanico político, social, gremial y religioso. El documento expone las bases doctrinales para un plan futuro de política criminal a nivel nacional, permite ampliar el debate social y enfoca la discusión de la denominada inseguridad sin el “facilismo represivo”. Por ejemplo: “Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”, reza el texto. Además de los ideólogos de la propuesta –los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varios especialistas en el tema–, del acto participaron numerosos de los adherentes a la iniciativa.

“Esta debe ser la foto más buscada de la Argentina”, dijo Horacio Verbitsky. Con una carcajada, todos los presentes comulgaron con el titular del CELS y orador principal. La escena no daba lugar a dudas. Tras la mesa de especialistas y dirigentes –que incluía a León Arslanian, Estela Carlotto, Laura Conte, Hugo Cañón, Marcelo Saín y Enrique Font– se apostó la nueva multisectorial. Hasta ayer, verlos juntos en una misma iniciativa era impensable, pero lo que las diferencias partidarias deshacen, la preocupación por la seguridad esta vez logró unir. En la primera fila, de izquierda a derecha, estaban entre otros, Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur), Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Martín Sabatella (Encuentro por la Democracia y la Equidad). Entre Solá y Gil Lavedra, unos metros por detrás, asomaba Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y a unos pasos sonreía Margarita Stolbizer (Acuerdo Cívico y Social).

Cerca de las 12.30, poco después de que Verbitsky comenzara la presentación del documento, un hombre del público lo interrumpió. Era el tucumano Alberto Lebbos, padre de una joven que fue estrangulada en 2006. El crimen se mantiene impune.

–Sólo necesito que me escuchen dos minutos. No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes.

Con lágrimas en los ojos y sin esperar respuesta, Lebbos dejó el recinto. Entonces, Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”. Sentado en una silla contigua a la del titular del CELS, León Arslanian –coideólogo de la propuesta de seguridad democrática, propulsor de los cambios en la Bonaerense como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires– asentía con la cabeza los dichos del orador. En los últimos años, “el problema se ha agravado por la repetición de políticas fallidas e ineficientes como el manodurismo”, sentenció Verbitsky. Luego, una locutora leyó los puntos más importantes del texto.

El documento está dividido en diez apartados. Cada uno demarca una lectura de situación sobre el problema de la inseguridad y una propuesta distinta sobre la seguridad. De todas maneras, hay un común denominador: la posición democrática. Frente a las posturas reaccionarias, que hacen foco sobre la coerción social y la criminalidad juvenil, en el ASD las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario son los puntos centrales de la discusión crítica sobre seguridad.

“La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.” En tal sentido, una adecuada política criminal y de seguridad requiere “una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.

El texto también pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos civiles. Otra medida que impulsa el documento es la descentralización de las fuerzas uniformadas a nivel distrital y comunal. Luego de la presentación, Arslanian destacó que “lo peor que le puede pasar a un país es tener una policía sospechada de relacionarse con la delincuencia y la corrupción política”. Por eso y en concordancia con el Acuerdo para la Seguridad Democrática, el ex ministro destacó la importancia de los gobiernos en el control policial: “Las fuerzas de seguridad no deben autogobernarse”, explicó enfático a este diario.

“Una buena política de seguridad protege por igual a todas las personas sin distinción alguna”, dijo Verbitsky no bien recuperó el micrófono. Según el titular del CELS, durante años “la histeria punitiva desvió la problemática y permitió una discrecionalidad represiva”. Por eso, la propuesta fundamental del documento “no es meter bala, sino organizar las fuerzas de seguridad para poner el peso del Estado en el crimen organizado y no en la cacería de perejiles y estereotipos”, dijo.

Verbitsky concluyó el acto destacando el encuentro en la diversidad. “Esta reunión es excepcional y las distintas posiciones políticas, sociales y académicas son fundamentales para encarar el problema de la seguridad”, finalizó.

Informe: Mariana Seghezzo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137825-2009-12-30.html

Bergara libre, policías presos

A 29 horas del pago del rescate, lo encontraron en la casa a medio terminar de un policía en Hudson. Hay otros dos bonaerenses demorados, cuatro prófugos y fuertes sospechas de que fue una “banda mixta” de policías

Después de 33 días en cautiverio, un rescate de 230 mil dólares, dos pruebas de vida, 3200 folios de expedientes judiciales y media docena de policías bonaerenses involucrados en el secuestro, encontraron ayer cerca de las 8 de la mañana a Leonardo Bergara. Tras un llamado al 911, efectivos de la División Departamental de Quilmes hallaron con vida al empresario en una casa en construcción, pero habitada, del barrio El Pato, en el partido de Berazategui. El dato, más que curioso, es que en la vivienda donde encontraron encadenado a Bergara vive un policía: Jorge López realiza “tareas de calle” para la subcomisaría de El Pato. Para los vecinos del barrio, el lugar “es una zona liberada”. Y en la causa no hay civiles involucrados: todos son efectivos policiales. De hecho, altas fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron a Página/12 que en el secuestro “habría una intencionalidad política”, sobre todo “en relación con los jefes policiales de la zona sur bonaerense”.

Bergara fue secuestrado el 22 de diciembre, minutos después de las 9. Cuando salían de su casa de Ranelagh en la camioneta familiar, el empresario y su mujer fueron sorprendidos por cuatro hombres encapuchados, armados y de uniforme policial. Los captores se llevaron cautivo al matrimonio, pero pocos minutos después liberaron a la mujer y abandonaron la camioneta a un costado de la autopista Buenos Aires-La Plata, a metros del Cementerio Parque Iraola de Hudson. Recién el 30 de diciembre los secuestradores dieron la primera prueba de vida: una grabación de Bergara leyendo una noticia de la jornada.

A principios de enero, empezó a trascender que se trataba de una banda de secuestradores “mixta”: policías y ex policías, todos de la Bonaerense. A raíz de la investigación judicial, la fiscal federal Silvia Cavallo y el juez federal Luis Armella apresaron a cuatro: los tenientes Víctor Vega y Maximiliano Costa, el ex cabo Néstor Daniel “El Oreja” Ocampo y el capitán Juan Cardoso. Vega y Cardoso continúan detenidos por el delito de “secuestro extorsivo”, Costa y Ocampo fueron liberados y están prófugos aún una mujer policía, otro efectivo y un exonerado identificado como José Pardini.

Luego de una nueva prueba de vida, el 23 de enero a la madrugada Gustavo Bergara –hermano de la víctima– recorrió más de 350 kilómetros para arrojar un bolso en las dunas de Pinamar con los 230 mil dólares de pago por el rescate. Por medio de un sistema de postas, el hermano pudo eludir el rastreo policial y dejar 200 mil dólares y joyas valuadas en más de 100 mil pesos en un zona conocida como “La Frontera”.

Casi 29 horas después apareció Bergara. La geografía del barrio El Pato parece perfecta para abandonar a una persona que no debe ser vista o escuchada: calles de tierra, casas a medio construir o de fin de semana, muchos pastizales, tres viveros, una fábrica abandonada y una única calle que permite el ingreso desde la Ruta 2 a esa zona del barrio. “Hay muy pocas casas y ningún negocio, menos uno que esté abierto el sábado. Todavía vivimos muy pocas personas”, relató a Página/12 José, un vecino que vive a unas pocas cuadras del lugar donde fue hallado el empresario. De hecho, la casa donde estuvo Bergara es la única de la manzana. A 300 metros hay un complejo habitacional construido por el gobierno provincial y, a casi 200 metros por detrás de la casa, tres quintas, de las cuales sólo una está ocupada.

La vivienda (pintada de rosa y a medio terminar) se encuentra en la calle 353, esquina 367, a la altura del kilómetro 42 de la ruta 2, en Berazategui. Según efectivos policiales de la DDI de Quilmes, a Bergara lo encontró un albañil que trabajaba en la casa. Sin embargo, para el ministro Stornelli, el llamado al 911 fue efectuado por los propios secuestradores, con el fin de que se llegara cuanto antes a Bergara. Al ingresar a la vivienda hallaron a Bergara encadenado, vestido con una remera roja, despeinado y con una barba compatible con los 33 días de cautiverio. Asimismo, los primeros policías en llegar a constatar la versión descubrieron que la propiedad era del subteniente Jorge López, del servicio externo de la subcomisaría El Pato. Tanto el policía como el albañil fueron demorados por la fiscalía para esclarecer su situación procesal.

En voz muy baja, vecinos del barrio El Pato aseguraron a este diario que “ésta es una zona liberada. Durante el invierno, los robos son moneda corriente. De hecho, intentamos denunciarlos en la comisaría y siempre nos lo impedían los mismos policías con excusas como que se cortó la luz o que no estaba el oficial”, contó una vecina, quien prefirió no dar a conocer su nombre. Además, la mujer aseguró que “tenemos mucho miedo. En la casa donde encontraron al empresario vivía un policía de la comisaría que nos conoce a todos los que tenemos una casa en el barrio”.

Por el momento se desconoce dónde estuvo Bergara durante el secuestro, puesto que la casa donde se encontró al empresario sólo fue utilizada como paso para que fuera ubicado. Bajo una gran custodia policial, Bergara fue trasladado cerca del mediodía a la Fiscalía Federal de Quilmes, a cargo de Cavallo, donde brindó declaraciones sobre los hechos durante unas cinco horas. Tras la noticia de la liberación, el gobernador bonaerense Daniel Scioli advirtió que quiere presos “a todos” los que participaron en el secuestro y aseguró que pondrá “todos los esfuerzos para que esta banda esté donde tiene que estar”. Sin embargo, Stornelli reconoció que, aunque la investigación está encaminada, “es una banda únicamente de policías bonaerenses”.

Informe: Mariana Seghezzo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-118877-2009-01-25.html

Karina, siete años de terror

Una chica salvadoreña fue condenada a treinta años de prisión en su país por la muerte de su recién nacida. Después de siete años de cárcel, una abogada y tres peritos argentinos demostraron que no hubo homicidio y que la niña murió al nacer.

Karina Herrera Clímaco fue condenada en 2002 a treinta años de prisión efectiva por “homicidio agravado por el vínculo”. Tenía 24 años, tres hijos pequeños y vivía en extrema pobreza en un barrio de la periferia de San Salvador en Centroamérica. En soledad, en una casilla sin agua, gas ni corriente eléctrica, la joven parió a su cuarta hija. “Basados únicamente en una autopsia que literalmente describía a la próstata como parte del cuerpo de la niña, la Justicia de El Salvador interpretó que Karina había asfixiado hasta la muerte a la pequeña. No hubo exámenes complementarios. Ni consultas paralelas. Era mujer y pobre, ‘naturalmente’ era culpable.” El irónico relato corresponde a la abogada penalista marplatense Patricia Perelló. El 9 de julio último, Perelló, tres médicos argentinos –Mariano Castex, René Baillieau y Juan Lascano– y una Red solidaria salvadoreña pudieron revertir el fallo y dejar en libertad a la mujer. Después de siete años compartiendo la prisión con más de mil reclusas, Karina “pudo más que el prejuicio y demostró que su hija murió por causas naturales”, confirmó a Página/12 Perelló.

Todo comenzó el 17 de enero de 2002. La hora: pasada la medianoche. El lugar: una casilla en un barrio muy humilde en las afueras de San Salvador. La situación: Karina despertó con contracciones muy fuertes, producto de un embarazo en su etapa final. “Estaba sola en la casa, sin asistencia alguna comenzó con el trabajo de parto. Dio a luz y la beba salió con placenta y todo. Al perder mucha sangre se desmayó. La muerte de la niña se produjo porque, al no haberse cortado el cordón umbilical, la placenta absorbió la sangre en forma inmediata y le provocó un shock hipovolémico”, relató Perelló.

Horas después, la joven despertó en un hospital público. Allí los médicos denunciaron a Karina “por practicar un aborto”. Pero cuando la madre de la imputada regresó al domicilio familiar encontró a la beba tirada en el piso, toda ensangrentada. Entonces, llamó a la policía, que terminó apresándola. En paralelo, “la Justicia cambió la carátula de la causa (de la joven) a ‘homicidio agravado por el vínculo’”, aseguró la letrada penalista.

En noviembre de 2002, Karina fue encontrada culpable de asesinar por estrangulamiento a su propia hija. La condena: 30 años. La explicación: “La única manera de condenar a una persona sólo con supuestos es pensar y argumentar a partir de prejuicios. La sociedad de El Salvador en particular y de toda Centroamérica en general es extremadamente conservadora. Si la persona enjuiciada es mujer y de bajos recursos, se la condena incluso sin pruebas o con pruebas deficientes –dijo Perelló–. Ni siquiera los abogados defensores apelaron.”

Sin embargo, los barrotes carceleros no doblegaron a Karina ni a su familia. La madre de la joven –empleada de una panadería de barrio– comenzó a reunirse con miembros de organizaciones de mujeres salvadoreñas. Juntas, conformaron una red, “Solidarias con Karina”, que comenzó a trabajar para obtener la libertad de su defendida. Fue cuando Perelló intervino en el caso: “Morena Herrera, una activista salvadoreña amiga, me avisó sobre la situación de Karina, porque necesitaban un abogado penalista para redactar un informe sobre las barbaridades que decía la autopsia”, relató efusivamente la letrada marplatense.

A fines de 2006, mientras Karina terminaba en prisión la escuela secundaria, Perelló viajó al país centroamericano para “empaparme sobre el expediente” y entrevistarse con la condenada. A su regreso, solicitó la opinión de tres especialistas médicos que estudiaron la autopsia y emitieron sus propias conclusiones. Consultado por Página/12, la postura científica del médico legista Mariano Castex fue concluyente: “Los informes periciales del expediente eran una vergüenza”, dijo Castex. De hecho, en la “Evaluación Crítica Médico Legal” compilada por el propio Castex se sostiene que “en el ánimo del juzgador prevaleció el dictamen en materia forense que excluyó por completo toda duda en un terreno donde la duda se imponía (...) no solo en materia de homicidio sino también en cuanto a aborto inducido”.

Después de siete años en la hacinada cárcel de Ilopango, el 6 de julio último Karina presenció la audiencia donde se expuso el nuevo informe pericial. Tres días más tarde, el mismo tribunal que la había condenado la absolvió “de culpa y cargo”. “Y ella pudo demostrar su inocencia frente a sus hijos”, concluyó Perelló.

Informe: Mariana Seghezzo