Contra el desalojo

“Nosotros no queremos ser usurpadores, pero necesitamos tener una solución habitacional para que nuestros pibes no vivan en la calle.” Lucía Soruco es madre soltera y convive con sus cuatro hijas y su nietita de 20 días en una única habitación del hotel porteño El Cid. Después de realizar un reclamo que duró poco menos de nueve horas, la mujer y las más de 40 familias que habitan el edificio de Constitución al 1700 ayer consiguieron que el gobierno de la ciudad se comprometiera a impedir su desalojo de la precaria vivienda.

La protesta de los habitantes de El Cid comenzó ayer cerca de las 11 en la puerta del hotel de Constitución y Entre Ríos. “Es un reclamo que venimos haciendo desde hace meses”, dijo a Página/12 Soruco. Un ejemplo: el 5 de agosto de 2009, el hotel fue allanado por la policía, incluso “con la presencia ilegal del grupo GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), que con armas y pasamontañas en la cara rompieron todas nuestras cosas y nos pegaron frente a nuestros hijos, supuestamente para censarnos”, agregó Gregorio Bernal, inquilino desde hace tres años.

Luego del intento de censo, el dueño del hotel acusó a los inquilinos de usurpación. Según Soruco, “nosotros nos quisimos ir, pero la mayoría no tenemos trabajos fijos y como tenemos muchos chicos ningún otro hotel nos quiso recibir”.

A fines de enero, llegó una intimación judicial para que los habitantes abandonaran El Cid y “si no, nos desalojaban a la fuerza –dijo la mujer–. Desesperados, empezamos a realizar protestas frente a (la Secretaría) de Desarrollo Social”. Como las familias no recibieron respuesta alguna “para solucionar nuestro déficit habitacional, decidimos cortar Avenida de Mayo y Chacabuco, para que la ministra (María Eugenia) Vidal nos garantice una vivienda digna”, dijo con broca Soruco.

Recién cerca de las 17, los habitantes de El Cid pudieron reunirse con Facundo Ramos, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar de la gestión PRO, “pero sólo se comprometió a suspender por un tiempo el desalojo hasta que nos realizaran estudios socioambientales a cada familia. Después, todo está en veremos”, se quejó la mujer.

Informe: Mariana Seghezzo.

Miércoles 10 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139969-2010-02-10.html

Vecinos discriminados

“Empezaron a vender ‘falopa’ desde ahí y a meterse flacos como aguantadero para el robo”, dijo días atrás el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en alusión a los edificios de la traza de la ex AU 3, la autopista que nunca se construyó, a la altura de Villa Urquiza y Villa Ortúzar. A raíz de esas declaraciones, los vecinos que viven en ese sector presentaron una denuncia por discriminación ante el Inadi. “Macri nos acusa y agrede permanentemente. En realidad, lo único que le interesa es desalojar a los habitantes para poder hacer su negocio inmobiliario”, dijo Alberto Lacuesta, uno de los más de 50 vecinos que presentaron la denuncia “por injurias discriminatorias contrarias a las leyes, a la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Macri hizo esas declaraciones a un programa radial después de que la jueza Elena Liberatori suspendiera nuevamente los desalojos “administrativos y compulsivos” que la gestión PRO pretende llevar a cabo sobre las viviendas de un sector de la traza.

Sobre las declaraciones del jefe de Gobierno, la titular del Inadi, María José Lubertino, fue contundente: “Son declaraciones estigmatizantes. Generalizó a las personas de un barrio por el solo hecho de vivir ahí. Es como el muro que hizo el intendente Gustavo Posse en San Isidro”.

En declaraciones a una radio, el jefe de Gobierno se refirió a los vecinos de la ex AU 3 como “narcos” y “delincuentes”. “El puntero, el amigo, empezó a traer gente de todos lados (a esas viviendas)”, dijo. También utilizó un lenguaje despectivo al referirse a las viviendas que construyeron los habitantes de la ex traza como “chozas”.

El conflicto afecta a las viviendas que fueron expropiadas durante la dictadura para construir una autopista, que nunca se hizo. Las viviendas de-socupadas fueron habitadas por familias que las ocupan hasta la actualidad. Ahora, el gobierno porteño pretende desalojarlos para destinar el lugar a un emprendimiento inmobiliario privado.

“El jefe de Gobierno siempre se refirió a no-sotros en forma peyorativa, para él somos vendedores de drogas y promotores de la delincuencia en el barrio”, dijo Lacuesta. “Pero sólo habla así de los vecinos que habitamos el sector 5. Porque ése es el lugar donde quiere hacer el negocio inmobiliario.” El tramo codiciado está entre las calles Donado y Holmberg, desde Avenida de los Incas hasta Congreso. “No nos queda otro camino que denunciarlo. Hay una ley que no respetan, no envían los funcionarios adecuados para discutir las propuestas que presentamos y nos amenazan con desalojos. Y, cuando todo eso no es suficiente, nos difaman públicamente”, se quejó Lacuesta.

Según Natalia Belmont – abogada patrocinante de los vecinos–, “Macri diferenció a los habitantes de la traza de los otros vecinos del barrio: ellos son ocupantes y los otros, dignos inquilinos o propietarios”. Lacuesta desmiente esa suposición: “Mi primer contrato de alquiler data del año 1983. Desde entonces pago todos los meses un canon a la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad”, aseguró.

Para Lubertino, existe una situación más grave aún que la estigmatización. “No sólo se discrimina verbalmente sino también y, sobre todo, con su desentendimiento, como funcionario público, en lo que respecta a la política de vivienda”, reflexionó. Lo esencial, entonces, “es que los desalojos de Macri y su grupo de choque, la UCEP, son ilegales. A nadie se lo puede desalojar sin una orden judicial y, menos aún, sin proveerles antes una vivienda digna”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Sábado 25 de abril de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123890-2009-04-25.html

El desalojo que discrimina

Una comunidad qom de Formosa fue víctima de un intento de desalojo por parte de la policía. Ahora, el organismo busca evitar que los aborígenes sean echados. Para ello argumenta que son víctimas de discriminación. El cacique fue nombrado miembro del Inadi local.

Después de la represión policial contra una comunidad aborigen de la provincia de Formosa, el Inadi presentó una acción de hábeas corpus y un amparo judicial para impedir nuevos actos de violencia y el desalojo de las más de 4600 personas que habitan en la colonia La Primavera. El viernes pasado, y luego de evaluar la situación de extrema pobreza en la que habita la población qom, el titular del organismo antidiscriminación, Claudio Morgado, realizó las presentaciones ante la Justicia formoseña y nombró al cacique de la comunidad integrante de la delegación local del Inadi para que su sueldo tenga un uso comunitario. “La ley 26.160 (de emergencia territorial) establece que tenemos como gobierno que resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y a la propiedad de las tierras indígenas y hasta que no se resuelva el conflicto no se puede trasladar a los tobas a ningún otro lugar”, afirmó Morgado a Página/12.

El conflicto en Formosa es por tierras ancestrales y data de hace años. La colonia La Primavera está ubicada entre Laguna Blanca y Laguna Nainek, a unos 50 kilómetros de Clorinda, en Formosa. Las familias qom son originarias del lugar, pero como sucede con la mayoría de los pueblos aborígenes en Argentina, no tienen título de propiedad.

El Congreso Nacional, en diciembre de 2009, prorrogó por otros tres años (hasta 2013) la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. El objetivo de la ley 26.160 es que en ese plazo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Según la norma, durante la emergencia quedan suspendidos las sentencias o los actos procesales y administrativos tendientes al desalojo o la desocupación de las tierras.

De todas maneras, la colonia La Primavera recibió infinidad de intimaciones para que le devolvieran sus tierras a una familia criolla que dice ser la dueña del lugar. La última fue el 10 de enero pasado: “La policía llegó a las 16 y preguntó si teníamos título de propiedad, pero nadie contestó nada –relató el cacique qom, Félix Díaz, en el blog que tiene la comunidad–. Vinieron con intención de pegarles a los aborígenes y nos expulsaron de nuestras tierras”.

Pese a que el territorio es reclamado por una familia, el conflicto es entre la comunidad toba y la Universidad Nacional de Formosa. “Supuestamente, los Celina le dieron esos terrenos al gobierno de la provincia y éste se los cedió a la Universidad para que pudieran realizar un proyecto”, explicó Morgado. Las tierras más fértiles fueron destinadas a la ampliación del Parque Nacional Río Pilcomayo, rentadas por pools de siembra sojeros y, más recientemente, por la Universidad, que está construyendo una sede en el lugar. Sin embargo, el titular del Inadi aclaró que “muchas veces las fuerzas de control comienzan a actuar en forma autónoma, en defensa de intereses privados que van en contra incluso de las políticas gubernamentales”.

El violento desalojo policial del 10 de enero se hizo sin orden judicial alguna. Varias familias fueron echadas por el comisario de Laguna Blanca y el “dueño” de las tierras aborígenes. Además, según los dichos del cacique Díaz, “por la tarde pasaron por mi casa criollos con armas de calibre grueso”.

Unos días después, ante la denuncia de la comunidad qom, Morgado y varios funcionarios del Inadi se trasladaron hasta La Primavera. “La situación de violencia que está viviendo la comunidad se da no sólo por el acoso policial sino también por la falta de alimentación, de asistencia sanitaria y de autonomía, entre otros derechos no respetados”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Martes 19 de enero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-138695-2010-01-19.html

Otro avance del matrimonio gay

Diputados de distintos bloques expresaron su apoyo al tratamiento del proyecto que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo: Sabbatella, Stolbizer, Vilma Ibara y el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi.

El debate sobre el proyecto de ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo volvió ayer a ocupar un lugar central en la arena parlamentaria. Al asumir como titular de la Comisión de Legislación General de Diputados, Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) fijó como tema prioritario en la agenda 2010 la ley que permite el casamiento gay. Durante la jornada, representantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) mantuvieron sendas reuniones con los presidentes de distintos bloques de la Cámara de Diputados: “(Martín) Sabbatella y (Margarita) Stolbizer comprometieron el apoyo de todos sus diputados, y (el titular de la bancada oficialista, Agustín) Rossi aseguró los votos de más de la mitad de su bloque y nos ofreció acompañarnos en todo lo que necesitemos. Y la semana que viene tenemos reuniones con (los radicales) Ricardo Alfonsín, (Federico) Storani y Claudia Rucci (Unión PRO)”, confirmó a Página/12 María Rachid, titular de Falgbt.

“Vamos a impulsar la ley para que puedan casarse en igualdad de condiciones personas del mismo o de distinto sexo, con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades”, aseguró Ibarra, luego de asumir la titularidad de la Comisión de Legislación General del Congreso. En diálogo con Página/12, la diputada por Encuentro Popular y Social basó sus argumentos del porqué de la prioridad parlamentaria para el debate sobre el matrimonio gay en la importancia que el tema cobró a nivel social durante 2009: “Es una discusión que se hizo carne en la ciudadanía, que fue tratado por la Justicia y hasta espera un fallo de la Corte Suprema, y ha quedado sin saldar por los representantes del pueblo”. Porque, según Ibarra, modificar o no el Código Civil, “para equiparar los derechos de homosexuales y heterosexuales, es un deber del Congreso”.

En su discurso de inicio de las reuniones de la Comisión, Vilma Ibarra anunció que la primera semana de marzo comenzarán a debatir el proyecto sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, será una rediscusión. “El año pasado vinieron especialistas y debatimos en profundidad el tema, pero ahora la mitad de los diputados son nuevos y, como presidenta (de la Comisión de Legislación General), debo darles voz a todos los que se quieran expresar”, dijo Ibarra y agregó: “Volveremos a llamar a especialistas y a reorientar las discusiones, pero espero que para mediados o fines de mayo podamos tener media sanción de Diputados”. Según sus cálculos, “los votos serán favorables”.

De concretarse la media sanción, lo que será modificado en el Código Civil son dos palabras: marido y mujer. Ambas serán reemplazadas por cónyuges o contrayentes. Aunque no en forma explícita, la modificación permitiría la adopción a las parejas homosexuales. “Así, por ejemplo, los hijos de parejas del mismo sexo dejarán de ser hijos de segunda y podrán reclamar que sus padres les pasen la manutención. También podrán heredar”, dijo la diputada.

En pos de lograr la igualdad de derechos, Rachid y el secretario de Falgbt, Martín Canevaro, mantuvieron ayer reuniones con distintos diputados. “Con Sabbatella e Ibarra nos encontramos a la mañana y su compromiso fue total –admitió Rachid, luego de la charla–. Ofrecieron acompañarnos en todas las actividades que hagamos para instalar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y aseguraron el voto de todo su bloque para la modificación del Código (Civil).”

“Es fundamental que se termine con el actual desamparo legal que discrimina a las parejas del mismo sexo, privándolas de la protección del Estado”, señaló Sabbatella. “No es sólo una preocupación de las organizaciones que representan a la comunidad homosexual, es una deuda que tiene el Estado y que hace a la igualdad de derechos entre todos y todas”, agregó.

Los integrantes del bloque de Sabbatella (Nuevo Encuentro) y de Ibarra (Encuentro Popular y Social) también se comprometieron a integrar e impulsar el Frente por la Igualdad de Derechos, que, además del matrimonio, promueve el derecho a autorizar la adopción conjunta para familias formadas por personas del mismo sexo y la modificación de la actual Ley Antidiscriminatoria para incluir la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otros aspectos. Por la tarde, “nos reunimos con Rossi (del bloque Frente para la Victoria) y nos aseguró la mitad de los votos de los diputados de su bloque”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Viernes 19 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-140625-2010-02-19.html

Una cruzada contra el matrimonio gay

Dos obispos y la Universidad Católica Argentina salieron a rechazar la boda de Alex Freyre y José María Di Bello. Un abogado católico amenazó con un juicio político a la gobernadora de Tierra del Fuego. Las respuestas de la Federación de Lesbianas y Gays.

Dos días después de que Alex Freyre y José María Di Bello contrajeran matrimonio, dos obispos (uno de Río Gallegos y otro de Tucumán) y la Universidad Católica Argentina (UCA) expresaron su descontento por la celebración del primer casamiento entre parejas del mismo sexo en el país. “El respeto a estas personas no implica legalizar sus actos”, dijo el prelado fueguino Juan Carlos Romanín y exhortó a “pensar en las generaciones venideras, como los niños, que crecerán pensando que esta conducta homosexual es natural, especialmente si lo hacen en un hogar homosexual”. Consultada por Página/12, María Rachid –presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt)– sostuvo que “es sólo la opinión de una institución que históricamente se ha equivocado en materia de derechos humanos y después debe pedir perdón. Quizá dentro de 500 años nos lo pidan a nosotros”.

El obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, rechazó ayer el primer casamiento entre perso- nas del mismo sexo realizado en Ushuaia –ciudad sobre la que tiene jurisdicción ese Obispado–, al advertir que “una unión homosexual cambiaría radicalmente lo que hoy entendemos por familia”. Romanín emitió un comunicado que difundió la agencia católica Aica tras la formalización de la unión entre Freyre y Di Bello, que fue posible tras un decreto de la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos.

El prelado opinó además que “el no reconocer las uniones homosexuales no deja de lado todos los derechos que la sociedad le reconoce a cada uno de esos individuos, por lo que es falso que se diga que tienen menos derechos civiles que otros”. Rachid señaló que “sí existe un derecho fundamental no reconocido al impedirnos acceder al matrimonio: el derecho a la igualdad de trato y oportunidades, indispensable para trabajar por la igualdad social y luchar contra la discriminación y la violencia que padece en el país nuestra comunidad”.

Pese a que Di Bello y Freyre pidieron turno para casarse en abril y la campaña por el matrimonio gay lleva casi tres años, Romanín criticó el “poco tiempo” para el debate. “Llama la atención que no se haya permitido dar un debate prolongado y profundo sobre una cuestión de tamaña trascendencia y, en cambio, se haya hecho todo silenciosa y sorpresivamente”, se quejó el representante de la Iglesia fueguina.

Ayer, una pareja homosexual tucumana fue a asesorarse al Inadi para seguir el camino abierto por los porteños Freyre y Di Bello. La noticia generó la inmediata reacción de grupos católicos, quienes advirtieron que presentarán acciones judiciales para impedir la boda. Así lo anunció Liborio Randizzi, párroco de la iglesia tucumana de La Merced: “Tenemos que defender la institución matrimonial, porque ése es un derecho natural del hombre y la mujer y también un sacramento consagrado como es el matrimonio”, sostuvo el sacerdote (ver aparte).

Esgrimiendo una línea argumental muy similar, la Facultad de Derecho de la UCA consideró ayer que el matrimonio entre personas del mismo sexo es “nulo de nulidad absoluta” y criticó a la gobernadora de Tierra del Fuego por autorizarlo. La institución sostuvo que es “una clara violación de las más elementales normas y principios constitucionales vigentes en nuestro país”.

Asimismo, la UCA manifestó “estupor” por lo que estimó como un nuevo avasallamiento del orden público establecido en el ordenamiento jurídico argentino y advirtió que se trata de “una nueva maniobra ‘jurídico-política’ en fraude a la ley argentina vigente”. En este sentido, dijo que la ley “establece clara e imperativamente que el matrimonio es la unión estable y permanente entre un hombre y una mujer, con el fin de fundar una familia y por tanto abierta al don de la transmisión de la vida”.

En tanto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, dijo que Ríos incurrió en “un nuevo avasallamiento” de la Justicia al autorizar el matrimonio gay. Rizzo reclamó una investigación para determinar si la gobernadora “es pasible de juicio político por inmiscuirse en cuestiones exclusivas del Poder Judicial”.

De todas maneras, “es muy difícil que alguien pueda negar que dos personas que se aman y quieran compartir un proyecto en común tengan o no tengan hijos, sean una familia: nuestras familias ya existen, lo que hace este avance en los derechos civiles es reconocer su existencia”, dijo Rachid. “La Iglesia es una institución que se ha opuesto históricamente a los avances en los derechos que tienen que ver con la felicidad de las personas, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es la excepción”, destacó.

Informe: Mariana Seghezzo.

Jueves 31 de diciembre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-137870-2009-12-31.html

La discriminación que también mata

Por Mariana Seghezzo

Natalia Gaitán tenía 27 años. Vivía en un barrio pobre de las afueras de la ciudad de Córdoba, trabajaba en un comedor popular alimentando a sus vecinos y estaba en pareja con una joven una década menor que ella. El sábado pasado fue fusilada a poco menos de cien metros de su casa. Por el crimen está acusado el padrastro de su novia. Ayer a la tarde, en un estado de descomposición muy avanzado, sus familiares enterraron sus restos en un cementerio local. Desde el domingo, el hombre está preso y, el lunes, el arma homicida fue secuestrada.

“No fue algo pasional ni algo loco, fue un crimen de género lisa y llanamente”, dijo con voz ronca Graciela Vázquez de Gaitán, la mamá de Natalia. Entre dolor y enojo, la mujer explicó que durante años su hija sufrió distintos maltratos y marginaciones debido a su condición sexual. “Estábamos acostumbrados a la discriminación, pero nunca nos esperamos que una bestia pudiera cometer semejante horror”, relató Vázquez y, después, repitió tres veces: “La mató como a un perro”.

El asesinato de Natalia fue un fusilamiento. Desde hacía poco más de un año, la joven y una chica de 16 años mantenían una relación amorosa. El barrio Parque Liceo 2ª Sección –un vecindario humilde de la periferia cordobesa–, las había encontrado y las mantuvo juntas pese a las adversidades sociales y las oposiciones familiares. “A diferencia del entorno de Natalia, la mamá de su novia no quería que estuvieran juntas, y parece que el padrastro mucho menos”, contó a Página/12 Natalia Milisenda, abogada del colectivo Encuentro por la Diversidad de Córdoba.

El sábado, cerca de las 19.30, Daniel Flores –según sostiene la familia de Natalia– disparó su escopeta calibre 16 a menos de un metro y medio de la mujer y, después, entró en su casa sin apuro. Durante los últimos cuatro meses, las chicas habían convivido en una precaria vivienda, ubicada a unos 100 metros del lugar del crimen. “Al tipo no le gustó nada que la hija de su mujer abandonara el supuesto hogar familiar y se fuera a vivir con una chica, entonces, la fue a buscar y se la llevó”, aseguró Milisenda.

Con un disparo en el hombro y sangre por doquier, Natalia esperó sobre la calle más de una hora hasta que llegara la ambulancia. Después de que Flores tomara por la fuerza a la novia de Natalia y la obligara a dejar la vivienda que compartía con Natalia, una amiga de la pareja fue hasta la casa en la que vivía la familia de la menor “con la intención de hablar con la mamá de la chica y explicarle el cariño que tenían entre sí las jóvenes”. Pero, según Milisenda, “cuando la chica empezó a tardar, Natalia se asustó y la fue a buscar. En el lugar, la víctima discutió con la progenitora de su pareja y, poco después de que Natalia se marchara, a plena luz del día, Flores salió del patio, buscó su arma y la hirió de gravedad”.

Natalia murió el domingo a la madrugada en un hospital zonal. Graciela Vázquez de Gaitán recibió el cuerpo de su hija recién el lunes a la noche y en estado de descomposición avanzado. La explicación: la morgue judicial de la ciudad de Córdoba no cuenta con la refrigeración adecuada para una buena conservación. “El crimen se perpetuó en una situación social muy difícil –explicó la abogada–. Durante su vida y, al momento del hecho, a estas chicas se les cruzaron tres condiciones muy excluyentes de la sociedad: eran mujeres, lesbianas y pobres.”

“Resulta paradójico que en horas en que conmemoramos la lucha por la igualdad que las mujeres llevamos adelante en todo el mundo, un crimen de esta envergadura nos recuerde cuánto falta por construir en esta materia”, advirtió ayer María Rachid, titular de la Falgbt, y agregó: “Cuán expuestas estamos aún las mujeres a las expresiones más brutales de la violencia y la desigualdad”.

Miércoles 10 de marzo de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-141724-2010-03-10.html

Las catástrofes invisibles

La representante argentina de MSF señala que “en 2008 se agravaron los ataques deliberados contra las organizaciones humanitarias, obligando a suspender operaciones”.

El 15 de enero último, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) presentó en España un informe en el que se exponen las catástrofes humanitarias de 2008 que menos repercusión tuvieron en la comunidad internacional. Los desplazamientos masivos de población civil por la violencia y necesidades médicas sin atender en la República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Irak, Sudán, Etiopía y Pakistán, junto a problemas sanitarios y médicos en Myanmar y Zimbabwe y la constante crisis de desnutrición en Haití, Bangladesh o Costa de Marfil, son las emergencias más graves registradas el año pasado en el mundo según el documento Las diez crisis humanitarias más desatendidas de 2008. Asimismo, la investigación denuncia los serios inconvenientes que, tanto médicos como personal de la organización, sufren a la hora de atender los conflictos. En tal sentido, según Laura Calogne –representante argentina de MSF–, durante el último año “se agravaron los ataques deliberados contra las organizaciones humanitarias, obligando a suspender las operaciones en distintos rincones del mundo”.

Como explica el informe de MSF, el objetivo fundamental al mostrar y denunciar públicamente ciertos conflictos humanitarios que poseen poca o nula visibilidad mundial, “es una forma de ejercer presión sobre los políticos y otros actores con capacidad de acción”. De hecho, para Calogne, “estas poblaciones necesitan no sólo asistencia médica, sino que su situación se conozca y a menudo nos piden que les ayudemos a contar su historia al mundo exterior”. Básicamente, la lista de emergencias (médicas, alimentarias o de violencia) presentadas en el informe derivó de la experiencia operacional de MSF y de las crisis en las cuales los equipos en el terreno fueron testigos directos.

Según el documento, en el mundo cerca de 20 millones de niños padecen desnutrición aguda severa. Sin embargo, sólo un 3 por ciento de ellos reciben el tratamiento que les puede salvar la vida: Alimentos Terapéuticos Listos para Usar (RUTF). Una de las conclusiones a las que arribó el informe, es que “aunque para combatir el hambre es necesario tener acceso a alimentos en cantidades suficientes, para frenar la desnutrición también hay que garantizar alimentos de calidad nutricional”. No obstante, en Haití, Bangladesh o Costa de Marfil las cifras son impactantes: en el último año cerca de 300 mil niños fueron atendidos por MSF por desnutrición. A veces, sin embargo, son los propios estados nacionales quienes obstaculizan la lucha: “en Níger, en 2008, el gobierno obligó a MSF a poner fin a su programa nutricional infantil en la región de Maradi”.

Asimismo, en lugares como Myanmar y Zimbabwe –donde los gobiernos no priorizan la atención sanitaria o ven como una amenaza la presencia de ONG–, las organizaciones humanitarias se encuentran obligadas a limitar el tipo de asistencia prestada o deben hacer frente a serias crisis sanitarias. Según el informe, por ejemplo, “en Myanmar, cientos de miles de personas mueren innecesariamente debido a la falta de tratamiento –de enfermedades como tuberculosis, sida o malaria–, mientras que el gobierno apenas hace nada para ayudar a su propia población y los donantes internacionales miran para otro lado”. De hecho, en 2007, el gasto gubernamental del país asiático en el sistema de salud fue de 50 centavos de euro por persona y la ayuda humanitaria internacional apenas superó los 2 dólares.

Por otro lado, los conflictos de violencia en Somalia y la RDC son de larga duración: durante más de 15 años se registraron enfrentamientos armados. Sin embargo, según el documento de MSF, en 2008 ambos países experimentaron graves recrudecimientos de violencia, que obligaron a miles de personas a huir de sus casas: “Sin acceso a atención sanitaria, comida, agua o refugio”. Al igual que Sudán, los territorios africanos siguen siendo escenario de dos emergencias: “La desnutrición y las enfermedades prevenibles y tratables como la malaria, el sarampión o la meningitis”.

Según el documento, el apoyo humanitario también es urgente para las poblaciones “atrapadas por los enfrentamientos entre ejército y grupos rebeldes en Etiopía, donde la falta de asistencia es flagrante y se han registrado preocupantes tasas de desnutrición”. Asimismo, en Irak, por ejemplo, “la debilidad del sistema sanitario impide que los heridos por los bombardeos y la violencia sectaria reciban una atención rápida y eficaz”.

No obstante, para Calonge, contextos como el iraquí, el paquistaní o el somalí “ilustran además que el espacio para una ayuda humanitaria independiente, imparcial y neutral es cada vez más reducido”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Domingo 18 de enero de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-118462-2009-01-18.html

Vía libre a la inmobiliaria Macri

La legislatura autorizó a vender terrenos de Catalinas a precio de regalo.

Casi un año después de su presentación por el bloque PRO, ayer la Legislatura porteña aprobó por mayoría el proyecto de ley que le permite al gobierno de Mauricio Macri vender tres valiosos terrenos en Catalinas Norte (en el barrio porteño de Retiro) a un precio tres veces menor que el del mercado. Además, y para concretar definitivamente el negocio inmobiliario, se cambió la zonificación al autorizar la construcción de una megatorre de 130 metros de altura en Córdoba y Alem. Para el diputado de Diálogo por Buenos Aires y principal opositor a la iniciativa del Ejecutivo porteño, Eduardo Epszteyn, “es una clara descapitalización del Estado”.

La historia inmobiliaria del PRO data de noviembre de 2008. En ese momento, el gobierno porteño envió a la Legislatura dos proyectos de ley para definir un más que rentable negocio para la construcción de torres en el centro de la ciudad. El primero desafecta la actual zonificación de tres terrenos en la manzana definida por las tres avenidas mejor valuadas en el barrio porteño de Retiro: Alem, Córdoba y Madero. El cuarto vértice se completa con el hotel Sheraton. El segundo proyecto multiplica las ganancias, porque permite en la parcela más grande realizar una supertorre de 130 metros de altura.

La superficie de la futura venta PRO cuenta con casi 15 mil metros cuadrados. El terreno más grande (de 6 mil metros) corresponde a una estación de servicio que alcanza toda la cuadra de Córdoba entre las avenidas Alem y Madero. Con entrada sobre Madero al 1100, los otros dos son estacionamientos entre las torres de las oficinas Catalinas Norte y tienen una superficie de casi 5 mil y 4 mil metros cuadrados, respectivamente. Hace algunos años, la manzana en disputa fue objeto de un cuidadoso planeamiento urbano y los tres lotes públicos fueron destinados a usos abiertos de baja altura: “La guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como una estación de servicio”, explicó Epszteyn.

Sin embargo, el proyecto de ley 2454 (el primero en ser presentado en la Legislatura) deshizo por completo esta lógica y buscó la venta por subasta pública para que lo recaudado por el gobierno porteño se destinara a la cartera educativa. Es decir, “a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009”. Gracias a una reunión intercomisiones y a los votos de parte de los legisladores de FpV, el macrismo logró el 14 de mayo último aprobar la primera lectura del proyecto.

El 3 de julio iba a realizarse en la Legislatura la segunda audiencia pública, como paso obligado para la venta de los tres terrenos en Catalinas. No obstante, Epszteyn interpuso un recurso de amparo en la Justicia porteña y demoró por un par de meses el tratamiento legislativo. El diputado argumentó (y la Justicia ratificó) que el llamado a audiencia “ocultaba información”, con la que se evitaba en el debate “la real participación de los vecinos”.

De todas maneras, ayer se aprobó por mayoría (PRO y del bloque de FpV) el proyecto de ley 2874 (el segundo), que modifica el Código de Planeamiento citadino y crea un nuevo uso y reglamento para los terrenos. El negocio para el futuro comprador de los lotes es que en el documento PRO se indica que los edificios a construir “tendrán una altura mínima de 73 metros”. La nueva distancia reglamentada obliga entonces a superar la edificación actual, al tiempo que crea una renta extra: para los dos terrenos sobre Madero, el máximo permitido es de 110 y para el de Córdoba, 130. Un total de 41.500, 44.500 y 61.000 metros cuadrados, respectivamente, además de tres subsuelos para estacionamientos y servicios.

También, el proyecto aprobado sostiene que cada edificio puede tener una recova de hasta seis metros de altura que no se contará en el metraje autorizado. Todo podrá obtenerse con una módica suma: mientras el Banco Ciudad los tasó a 70 millones de dólares, según el valor del mercado, una vez construidas las tres torres tendrían un valor de no menos de 500 millones de dólares.

Tras la sesión, Epszteyn argumentó que “esta ley está hecha con un criterio autoritario, porque ofende y niega todas las normas existentes: los lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental establecen controlar la construcción de edificios, desestimar el acceso de vehículos privados al área central y revitalizar la zona sur”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Viernes 16 de octubre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133548-2009-10-16.html

La opinión de los especialistas

Producción: Mariana Seghezzo.

Roxana Perazza *

“Es muy auspicioso”

“Es muy auspicioso que la actual política educativa se centre en la escuela secundaria, porque es el nivel que más problemas tuvo en los últimos años. Según las estadísticas, son muy pocos los jóvenes que ingresan y, después de cinco años, se reciben. Además, es un hecho tanto para los padres, los pibes, los docentes, como para los especialistas, que durante el secundario los chicos aprenden poco y nada. Pero con la Asignación por Hijo y la obligatoriedad de la secundaria se generará una nueva demanda que la escuela deberá absorber y es el Estado el que tiene la obligación de generar las condiciones para que los alumnos ingresen y no deserten. Cuando una escuela funciona bien, los chicos pueden elegir, los profesores enseñan mejor y hay muchos pibes que desean quedarse en las aulas. Por eso, además de ciertas reformas en los tiempos y las tutorías docentes, la nueva reforma del secundario debería incluir en el futuro los intereses de los chicos: si los pibes piensan que la escuela es un punto de partida y no de llegada para sus intereses, es decir, si se sienten que son respetados en el ámbito escolar, el ausentismo dejarían de ser el problema fundamental del sistema educativo. El rol del gobierno nacional es fundamental en esta tarea, ya que debe controlar a la provincias y garantizar la justicia educativa para que cada alumno del país tenga acceso a los nuevos cambios”.

* Pedagoga, ex secretaria de Educación porteña.

Gustavo Oliva *

“Ser artífices del cambio”

“Es muy positivo para la Argentina el reposicionamiento y la jerarquización de la educación en términos generales que se ha logrado en el último tiempo. Primero, con la Ley de Financiamiento y luego al volver a los ciclos bien definidos, dando por tierra con la patética Ley Federal de Educación recetada por los organismos internacionales de crédito. Si a este panorama le sumamos las nuevas tecnologías incorporadas a la escuela, el carácter obligatorio del secundario, el crecimiento del 400 por ciento al presupuesto universitario y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la sociedad del conocimiento en nuestro país es una meta alcanzable. Aunque falten algunas modificaciones, los indicadores, la dirección y el ritmo son los correctos. Como los cambios a nivel educativo son a largo plazo, hay dos cuestiones para que las medidas se concreten en el menor tiempo posible: la decisión del Estado y el protagonismo de cada actor social involucrado. La cuestión macro ya se está resolviendo, ahora falta que las reglas de cada institución se reformulen desde un lugar más micro, desde dentro, con el aporte de cada sector. Las pequeñas cosas; por ejemplo, que cada escuela respete las horas de tutoría establecidas dependerá de la buena voluntad de cada directivo. Sólo restan cuestiones puntuales y un cambio de actitud para creernos que podemos ser artífices del cambio.”

* Rector del Colegio Nacional de La Plata.

Pablo Imen *

“Puede reforzar la brecha”

“Hay que destacar primero un dato cualitativo de lo que significa la obligatoriedad de la escuela secundaria. Según el censo de 2001, existen más de 14 millones de personas con 15 años que nunca estuvieron incluidas en el sistema educativo medio. Además, en términos educativos aún subsisten dos herencias del neoliberalismo. La primera es la distribución desigual en la carga y el esfuerzo entre las provincias que aportan el 70 por ciento del presupuesto y la Nación, que sólo da un 30. Y la segunda es la descentralización educativa, producto de la coexistencia de 24 sistemas educativos. Un verdadero quilombo, que las nuevas reformas están intentando modificar. También, la flexibilidad de la currícula y que se contemplen algunas curiosidades de los pibes hacen que la reforma sea por lo menos interesante. Sin embargo, el riesgo principal que se plantea es que la flexibilidad termine administrando la pobreza pedagógica y que los chicos terminen aprobando sin conocer. Como riesgo, puede reforzar la brecha educativa que es lo que en un principio se intenta superar. Por eso, y como un nuevo paso, tenemos que elaborar un diagnóstico y rediscutir el sentido de la educación y que se haga como práctica política, porque la calidad educativa no es la medición de conocimiento en un examen estandarizado, sino la formación de hombres y mujeres libres capaces de construir un proyecto colectivo.”

* Secretario de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Flavia Terigi *

“Era algo pendiente”

“Hay que reconocer el esfuerzo del Ministerio de Educación y de los ministerios provinciales por abordar y tener en cuenta a un nivel (el secundario) que durante mucho tiempo fue desarticulado. La unificación del título secundario a nivel nacional era algo pendiente y es una respuesta evidente a la diversificación curricular, que no sólo se reduce a la época del ’90. Pero hay que ir más allá. Estas medidas son sólo el primer punto de un plan mayor que asuma los problemas estructurales de la escuela secundaria. Por ejemplo, el puesto de trabajo docente, la propuesta formativa, el régimen académico, la simultaneidad de muchas materias, la falta de electividad de los alumnos y el hecho de que repitan todo el año por no aprobar tres materias son aspectos de la escuela que deben ser modificados. La obligatoriedad del secundario nos posiciona como país frente a una oportunidad única y sería un error crear esas condiciones bajo un modelo de enseñanza antiguo y no superador. Necesitamos discutir la formación para el trabajo, que no es el perfil propio del bachillerato, pero además el ingreso a la escuela secundaria de grupos sociales que históricamente fueron relegados requerirá el esfuerzo de los alumnos, los padres y las instituciones educativas, también de las áreas de salud, defensorías y organismos legales. Si no, sería pedirle al sector educativo cosas que por sí solo no puede hacer.”

* Profesora de la UBA y la UNGS.

Informe: Mariana Seghezzo.

Jueves 18 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-140558-2010-02-18.html

Los chicos a los que llaman “menores”

Durante quince días, la Comisión Provincial por la Memoria organizó un encuentro en el que participaron chicos de toda la provincia. Ellos mismos presentaron producciones fílmicas y obras de teatro. Los temas fueron la dictadura, la xenofobia y la contaminación.

Desde Chapadmalal

El aroma a sopa de verduras inundó durante días las instalaciones del hotel 7 del complejo Chapadmalal. Fueron dos semanas corridas de turismo social y debate adolescente sobre democracia y autoritarismo: baja de la edad de imputabilidad penal, conflictos y protestas sociales, los medios de comunicación y la construcción de información, género y violencia y los crímenes de lesa humanidad. Del 2 al 16 de noviembre, más de 4500 estudiantes de escuelas secundarias bonaerenses junto con sus docentes y voluntarios de la Universidad Nacional de La Plata participaron del octavo encuentro del programa educativo “Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro” organizado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. “Desde principio de año los chicos vienen investigando, haciendo entrevistas, demarcando hipótesis a partir de la idea de la memoria y nos congregamos en el complejo para que pudieran intercambiar las distintas producciones (documentales, programas de radio, murales, diarios digitales, obras de teatro) y realizar talleres para debatir las distintas problemáticas que los inquietan”, dijo a Página/12 Sandra Raggio, coordinadora del Area de Investigación y Enseñanza de la Comisión por la Memoria.

El gato con botas sucias

Luis y Gino tienen 16 años, nunca antes habían vacacionado y mucho menos visto el mar. Pasado el mediodía, cuando la decena de alumnos del ESB 43 de La Plata llegó a Chapadmalal, los dos adolescentes primero eligieron sus camas (las cuchetas de arriba) de la habitación 7147 pasillo sur y luego sin más mediación se calzaron la malla y las ojotas. Pero el Taller de Bienvenida del encuentro fue primero y, por algunas horas, se retrasó el esperado chapuzón. Los dos estudiantes compartieron grupo y mientras superponían lanas de color azul marino con la intención (según lo que señaló uno de los coordinadores universitarios) de “formar una red con las distintas experiencias de los trabajos realizados durante el año”, los muchachitos del sur del conurbano contaron su historia.

Viven en el barrio platense Ringuelet, en casillas de madera apostadas sobre el margen derecho del arroyo bonaerense El Gato y conviven cotidianamente con mercurio, plomo, ratas y parásitos provenientes de la basura vecinal y los desechos químicos empresariales. Con una única filmadora y un micrófono (“prestados por la Comisión”) y dos cámaras de fotos digitales “de los profes”, reconstruyeron el padecimiento de habitantes de las proximidades del afluente más importante del Río de la Plata y lo presentaron en el encuentro “Jóvenes y Memoria” en formato documental. “Mi mamá se enfermó de cáncer y, hace un par de meses, el médico me dijo que tengo principio de asma por los olores del arroyo”, dijo Luis. Después, su profesora de Construcción de la Ciudadanía, Mariana Coloma, agregó otro dato de la catástrofe medioambiental que afecta la zona: “El año pasado una nena de la primaria se murió de parasitosis”.

El gato con botas sucias es un relato audiovisual que denuncia la falta de saneamiento del arroyo, pero también la pobreza estructural que afecta a los pibes del ESB 43. Las viviendas del asentamiento “no tienen agua potable, luz eléctrica o sistema cloacal”, dijo la profesora Coloma. Una única manguera toma agua de una canilla pública, recorre de punta a punta El Gato y luego los vecinos recogen con baldes lo que necesitan para cocinar, beber o higienizarse. Pese a que la secundaria de Ringuelet cuenta con un comedor para los pibes del barrio, “los chicos faltan mucho a la escuela, así que fue difícil poder hacer el video. Se nos complicó recortar el tema porque cada vez que construíamos una hipótesis y dividíamos las entrevistas que teníamos que hacer, muchos compañeros no podían ir por problemas en la casa o porque tenían que trabajar”, admitió con aires de cientista social Gino. Poco antes de terminar el Taller de Bienvenida, Luis dijo en un tono casi inaudible, como un secreto: “Ya pensamos el tema para el encuentro que viene, va a ser ‘muerte en las cárceles’”.

Perdona Nuestros Pecados

Durante su estadía en Chapadmalal, Aixa, Javier y Adela compartieron la habitación 7121 pasillo norte. También realizaron juntos el taller temático “El pasado en el banquillo. Los caminos de la justicia por los crímenes de lesa humanidad”. Las charlas con mate y bizcochos bajo la fresca galería o las corridas para apiñarse en el comedor con otros 800 chicos por un plato de pastel de papas, fueron un destello de libertad después de tanto “no te metás, es algo que ya pasó”. El relato de Adela parece una burla anacrónica, sin embargo, “el colegio y la comunidad (literalmente) nos sacaron cualquier tipo de apoyo por tratar de contar la verdad sobre un cura que participó en la (última) dictadura”.

El hombre se llamaba Carmelo Gentile Guadagnoli. Fue capellán de la policía santafesina y la denuncia de Patricia Isasa (una sobreviviente de los campos de exterminio argentinos) lo menciona como uno de los asistentes activos de las sesiones de interrogatorio a detenidos-desaparecidos. Un par de años después, “como castigo, lo mandan a nuestro pueblo: Mones Cazón”, contó Aixa a Página/12.

Comunidad del sur bonaerense, de casi 2000 habitantes: la mayoría de clase media rural y conservadora. Con un único colegio polimodal público: la Escuela Media 2, Manuel Belgrano. “Desde la versión 2008 del encuentro ‘Jóvenes y Memoria’ que queríamos documentar la historia del cura, pero en Mones Cazón parece que el maestro, el policía y el párroco son figuras intocables”, dijo Javier. Aunque los directivos del Belgrano se negaron a participar del proyecto y, también, el resto de los 21 alumnos de 5º 3ª, los tres estudiantes lograron solos llevar a Chapa ’09 su investigación.

Con banda sonora litúrgica y a partir de entrevistas grabadas con una cámara de fotos digital, Perdona Nuestros Pecados deconstruye la visión que los pobladores de Mones Cazón tienen sobre los hechos de la dictadura 76-83 y sobre la presencia en democracia de Guadagnoli en la parroquia local San José.

Nosotros, los excluidos

Roberto y Jésica llegaron en un micro repleto de chicos provenientes de la Escuela Secundaria 2 de la localidad bonaerense de Tolosa. Son novios, pero se hospedaron en habitaciones diferentes: la 7132 para ella y la 7135 para él. Ambas ubicadas en el pasillo norte del hotel 7. Antes de la fiesta de despedida organizada por los integrantes de la Comisión por la Memoria, fue presentada la obra de teatro Nosotros, los excluidos, donde la parejita representa una situación semejante a la vivida por ellos en la cotidianidad de su barrio: la represión policial hacia los chicos pobres y la violencia doméstica sobre las mujeres.

Con una tela blanca como mediadora entre lo público y lo privado, los personajes de Jésica y Roberto son golpeados, amenazados y perseguidos de un lado, por sus parejas y, del otro, por enchalecados “policías”.

Antes de que los contingentes partieran de Chapadmalal y a modo de cierre del Encuentro, Raggio reflexionó sobre la potencialidad de la memoria: “Pensando el pasado y el presente nos vamos de acá con un mejor futuro”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Lunes 16 de noviembre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135359-2009-11-16.html

Una condena a la muerte

El ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el rabino Daniel Goldman analizaron la ofensiva mediática en pos de la pena de muerte, desde el punto de vista del derecho y la teología.

Por Mariana Seghezzo

“La pena de muerte no es eficiente como forma preventiva del delito”, sentenció el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Fue uno de los argumentos que se expusieron en la mesa “Reflexiones entre el derecho y la teología”, que compartió con el rabino Daniel Goldman, como respuesta a la ofensiva mediática en favor de la reimplantación de la pena capital como solución a los denominados “problemas de inseguridad”. El martes, ante un auditorio repleto, en el hall central del edificio de la Comunidad Bet El, los disertantes expusieron sus argumentos legales, jurídicos y teológicos contrarios a cualquier tipo de condena que haga foco en la “muerte del reo”. La discusión se basó en un interrogante central que recorrió cada una de las explicaciones de los expositores: “¿Por qué, como una trágica sombra, la pena de muerte acompañó a la historia?”, fue la pregunta formulada por el abogado y moderador, Martín Magram, para dar inicio al debate. La “sensación de inseguridad” de un grupo de vecinas del barrio de Belgrano presentes en el encuentro funcionó como cierre y excusa para una próxima discusión.

Sentados en una pequeña mesa frente al auditorio, Zaffaroni y Goldman vistieron informales: camisa, jeans y zapatillas deportivas. El moderador inició el encuentro con una introducción. “En Argentina se condenó a muerte en tres ocasiones. La última vez fue en 1915. Sin embargo, siendo la pena de muerte un recurso tan horrible y aberrante, sigue estando vigente en muchas discusiones”, dijo Magram y continuó argumentando a partir de un dato fáctico: “La metáfora ‘ojo por ojo, diente por diente’ está tan arraigada socialmente que, en nuestro país, recién el año pasado se abolió definitivamente la pena capital con la derogación del Código de Justicia Militar”. Después de la breve presentación del tema, el moderador dio paso a los disertantes para que explicaran el porqué de la constante recurrencia “a dar muerte” como parte de algunas de las políticas modernas contra la “inseguridad”.

Goldman abrió el diálogo. Pese a que en su exposición el rabino recuperó la argumentación teórica del filósofo alemán Zigmunt Bauman, la explicación sobre la actualidad del debate de la pena de muerte fue clarísima: “Condenar a un preso a la muerte es popular. Por eso, la mayoría de los candidatos a presidente en el mundo no se oponen a la pena de muerte”. Según Goldman, incluso en la Biblia se sostiene que “aquel que mate tiene que morir”, pero es sólo “un deseo primero ante el sufrimiento por la muerte de un ser querido. Después, con la reflexión teológica se lleva ese sentimiento al absurdo”, explicó el rabino.

El religioso pensó por unos segundos y continuó su explicación con “un ejemplo revelador”: “Cuando Caín mató a Abel, Dios no aplicó la venganza de la muerte”. Además, para Goldman, en la sociedad actual “muchos discursos se movilizan a partir de intereses económicos muy fuertes que prefieren la sofisticación y espectacularidad de la muerte ante la simpleza de la vida”, concluyó el rabino.

Con el auditorio en completo silencio, Zaffaroni comenzó a disertar. “El sistema penal punitivo ha matado más gente que una guerra y no hay crueldad que no haya cometido. El nazismo fue el ejemplo más nefasto”, dijo el ministro de la Corte. Para Zaffaroni, es un problema netamente político y económico: “La pena capital se reduce sólo a los Estados Unidos, donde los fiscales, como son elegidos por el pueblo, apelan a la identificación con las víctimas. Luego, ese modelo de venganza se expande por las imágenes de los medios de comunicación y la publicidad al resto del mundo y se cree como real”, aseguró el magistrado. Modelo punitivo, según Zaffaroni, “económicamente fructífero para el rating: cada tres minutos uno ve series sobre asesinos y violentos. Esto da plata y, como consecuencia, se reproduce en los noticieros haciendo del delito una banalidad: muere Alfonsín, hay epidemia de dengue o vuelve el conflicto con el campo y la inseguridad desaparece”.

Como cierre de la disertación, Zaffaroni concluyó con un diagnóstico un tanto desolador: “Estoy seguro de que no se va a reimplantar la pena de muerte en Argentina, pero si no cambia el sistema van a morir muchas personas en seudoenfrentamientos con la policía”.

Informe: Mariana Seghezzo.

Zaffaroni extremó la argumentación en favor del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil: “Toda ideología tutelar es autoritaria, ya que impone penas sin las garantías que da el derecho penal”. Según el magistrado, “un pibe de 14 años es tan ciudadano como nosotros y, por eso, tiene los mismos derechos y garantías”. También y como parte de su explicación, Zaffaroni recuperó de la memoria una experiencia dictatorial: “Aplicar la misma pena a los adultos y a los adolescentes ya se hizo durante la última dictadura y ella misma fue la que debió retroceder con la normativa debido a las atrocidades que se cometían”.

Por último, una mujer preguntó a quién le corresponde dar “pelea por los derechos de los pibes”. “A todos nosotros juntos”, respondió Zaffaroni.

Lunes 21 de febrero de 2010

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122916.html

La imputabilidad en debate

La Comisión de Derechos Humanos de Carta Abierta organizó como primera actividad un panel sobre el proyecto de un nuevo marco jurídico para los jóvenes en conflicto con la ley. Hubo críticas y apoyos a la iniciativa. Cerró el juez Zaffaroni.

La primera actividad pública de la Comisión de Derechos Humanos de Carta Abierta comenzó con una mesa debate sobre Infancia y Adolescencia. No hubo una linealidad argumentativa común, pero sí un tema que convocó la discusión: el problema que sufren los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. A favor o en contra, el nuevo proyecto de ley penal juvenil funcionó como excusa para el encuentro. Los conceptos de imputabilidad, punibilidad, pena, infracción, castigo, responsabilidad y, sobre todo, judicialización sobrevolaron la atmósfera de la sala Augusto R. Cortazar de la Biblioteca Nacional. La apertura correspondió al psicólogo Guillermo Greco, único disertante del colectivo epistolar. Después se sucedieron Tomás Ojeda Quintana (abogado penalista e integrante de la Red por los Derechos de los Jóvenes), Gabriel Lerner (subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social nacional) y Diana Conti (diputada nacional por el bloque FpV). El cierre del encuentro estuvo a cargo del juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni.

Mediación. “En momentos de obligación de diálogo damos comienzo a este debate.” Con irónica referencia a la actual discusión sobre la ley de medios audiovisuales, la moderadora Mariana Aballay (miembro de Carta Abierta y de Abogados por la Justicia Social) dio el puntapié inicial de la discusión. Primero tiró el título: “Derechos de niños, niñas y adolescentes: ¿qué aporta el proyecto de responsabilidad penal juvenil?”. Luego, dijo: “Es un tema al que se llegó por la supresión de los derechos de los niños y por la falta de políticas públicas enfocadas en la infancia. Tiene muchas posiciones rígidas, esperemos que haya algún encuentro entre nosotros”. Después, el micrófono pasó de mano cinco veces en total.

Convención. La estrategia argumentativa del primer orador estuvo centrada en la búsqueda de incoherencias en la supuesta racionalidad del derecho penal. “Dado el tipo de panel en el que me encuentro, no voy a abordar el problema desde el psicoanálisis y lo haré desde algunas concepciones de la Convención por los Derechos del Niño y el Adolescente”, explicó Greco. La declaración internacional, según el psicoanalista, “entiende por niño a toda persona menor de 18 años y caracteriza a la infancia desde la falta: de madurez física y mental”. Al igual que en el proyecto de ley penal juvenil, “el problema está mal planteado porque se centra en la relación entre edad y madurez cuando es algo totalmente arbitrario –dijo Greco y se preguntó–, ¿por qué siempre las edades en discusión en la baja de imputabilidad de los menores son todos números pares y no impares? ¿Por qué no basarse en el bienestar incumplido de los niños y no en su posible peligrosidad?”.

Organización. Cuando el micrófono alcanzó su mano izquierda, el abogado Ojeda Quintana continuó el planteo comenzado por el psicoanalista: “Y, ¿por qué si la mayoría de edad antes estaba marcada por los 21 años, después pasó la ciudadanía a los 18 y ahora estamos discutiendo si los 16 o los 14 y no los 15 son edades factibles para que un adolescente pueda ser punible?”. “Aunque soy consciente de que el proyecto de ley tiene muchos avances respecto del sistema tutelar e, incluso, del régimen penal de adultos, estos chicos ya están sancionados socialmente: sufren de discriminación, de falta de educación y de trabajo, de estigamatización social todos los días.” Para Ojeda Quintana, entonces, de sancionarse la ley “estos pibes estarían doblemente penados”. El letrado dijo representar la voz de los chicos de las distintas organizaciones de base que integran la Red por los Derechos de los Jóvenes y, como argumentación contraria al proyecto de responsabilidad penal juvenil, sostuvo su consigna: “No somos peligrosos, estamos en peligro”.

Poder Ejecutivo. De la mano del abogado Gabriel Lerner comenzó la defensa del proyecto que aún se debate en el Congreso. “Actualmente, haya o no delito, queda en la discrecionalidad del juez ordenar acciones tutelares para los menores”, admitió Lerner. El tema de la imposición de castigos fue central en la argumentación del representante del Ministerio de Desarrollo Social. Porque “la vieja normativa no establece explícitamente la diferencia entre las penas de adultos y la de los niños –dijo el abogado y pidió referencias en el auditorio–. Hay todavía doce chicos de veintipico de años que fueron sentenciados a los 17 años a cadena perpetua, no?”. Inmediatamente, varios presentes confirmaron el dato.

Poder Legislativo. Diana Conti, diputada e impulsora del proyecto de responsabilidad penal juvenil, habló primero sobre la selectividad con la que juzga el sistema penal. “Tenemos que tener cuidado y no generar falsas expectativas: con esta ley no se termina el problema de la inseguridad, porque por ejemplo los delitos de corrupción o ambientales no son cometidos por adolescentes”, admitió la diputada del Frente para la Victoria. Como si expusiera una lección en una clase de derecho penal para legos, Conti explicó la diferencia conceptual entre imputabilidad y punibilidad y después dijo que “para garantizar el proceso no es necesario bajar la edad de imputabilidad, porque no se debe criminalizar para que el joven goce de garantías”.

Poder Judicial. Zaffaroni extremó la argumentación en favor del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil: “Toda ideología tutelar es autoritaria, ya que impone penas sin las garantías que da el derecho penal”. Según el magistrado, “un pibe de 14 años es tan ciudadano como nosotros y, por eso, tiene los mismos derechos y garantías”. También y como parte de su explicación, Zaffaroni recuperó de la memoria una experiencia dictatorial: “Aplicar la misma pena a los adultos y a los adolescentes ya se hizo durante la última dictadura y ella misma fue la que debió retroceder con la normativa debido a las atrocidades que se cometían”.

Por último, una mujer preguntó a quién le corresponde dar “pelea por los derechos de los pibes”. “A todos nosotros juntos”, respondió Zaffaroni.

Informe: Mariana Seghezzo.

Viernes 9 de octubre de 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133182-2009-10-09.html